En la práctica jurídica, los conflictos privados y públicos se confunden, se señaló en el foro
Para tratar temas relacionados con las leyes y protección del ambiente, expertos se dieron cita en el foro Futuro de la Justicia Ambiental en México, que concluyó en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En la exposición La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), su Naturaleza Jurídica y Prospectiva a Futuro, Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales, destacó que al hablar de justicia ambiental se emplea el término como sinónimo de aplicación de la ley.
La Profepa, añadió, se creó en la víspera de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues entonces las leyes respectivas mexicanas que había eran laxas y con sanciones insuficientes. Ahora, muchos actores en el terreno ambiental la consideran como una policía, aunque en realidad regula y hace valer las reglas.
El organismo se enfrenta al debilitamiento de lo público y lo privado. Ejemplo de ello es lo que ocurrió por el acueducto Independencia, en Sonora, para llevar agua de una presa a la ciudad de Hermosillo. Esto ha generado un escenario complejo, “es corolario del derecho ambiental; lo que está en juego es determinar de quién es el agua en un conflicto interregional”.
Es algo jurídico que implica el acceso a un recurso y a un problema ambiental, lo que significa una distorsión del derecho en ese ámbito. “Debemos aceptar que en nuestra práctica jurídica los conflictos privados y públicos se confunden, un mismo asunto trae esas connotaciones y el reto de las autoridades en la materia es hacerse cargo de problemas que no son del tema”.
Reforma energética
En el acto, encabezado por Héctor Fix- Fierro, director de Jurídicas, y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa, Marisol Angles Hernández, también del IIJ, expuso que al lastre de la reforma energética aprobada recientemente, viene la tutela y protección de derechos vinculados. “Podemos escuchar en medios de comunicación y foros que Shell gas es la única opción de desarrollo del país desde el punto de vista energético”.
Sin embargo, en materia ambiental no hay criterio normativo para realizar la exploración y explotación, lo que tiene implicaciones serias no sólo ambientales, sino también sociales, comentó en su intervención Perspectivas de las Acciones Colectivas de Protección al Ambiente.
María del Carmen Carmona Lara, académica de la misma entidad, refirió que en la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuya iniciativa se presentó en noviembre de 2013, se olvidaron de la Profepa. “Es necesario revisarla con mucha conciencia y consideración”.
Tras resaltar una serie de inconvenientes de la mencionada propuesta, manifestó que tiene que hacerse un análisis constitucional profundo que permita fundamentarla adecuadamente en materia de daño, deterioro y protección, además de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Igualmente, se requiere examinar la congruencia de los tratados internacionales de los que México es parte, incorporar principios de prevención y control de la contaminación y la forma en que se coordinará dicha agencia con la Secretaría de Marina en el rubro de vertimientos, entre otros temas.
¿Ventajas o desventajas?
A su vez, Raúl Mejía Garza, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que en este momento no hay elementos claros para determinar si en realidad la especialización en justicia ambiental tiene ventajas o desventajas, en particular en los ámbitos de justicia federal y de amparo.
Al ofrecer la conferencia La Jurisdicción Ambiental Especializada, el también profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México señaló que la justicia ambiental especializada no debe tener ninguna diferencia frente a una fiscal. Parecería ocioso generar jueces especializados en esa materia.
