La guerra del agua está en paréntesis. Después de haberse elaborado los planes de cuenca de los ríos, ahora falta por acordar entre el Gobierno y las comunidades un nuevo plan hidrológico nacional, algo que Moncloa ya ha avisado que lo deja para la legislatura que viene. Pues en este paréntesis la comunidad de Aragón ha aprovechado para tomar posiciones y ha sacado una Ley de Aguas y Ríos propia para evitar la posibilidad de resucitar un trasvase del Ebro a Levante.

La opción de derivar agua del río más caudaloso de España a la zona de Valencia estuvo en el papel del Plan Hidrológico Nacional que sacó el Gobierno de Aznar en 2001. En Castilla-La Mancha la propuesta interesaba porque podía ayudar a reducir el volumen de agua que se trasvasa con el Tajo-Segura. Por eso, las Cortes regionales en los años de Bono y Barreda fueron secundando con sus votos diversas resoluciones en las que avalaban el Plan Hidrológico Nacional e instaban al Gobierno de España a ponerlo en marcha. Pero ese trasvase jamás se llevó a la práctica porque en 2004 ganó Zapatero las elecciones y nada más llegar a Moncloa eliminó esta medida concreta, escuchando así a los aragoneses y catalanes que salieron a la calle para protestar en esos años.

El trasvase del Ebro pasó a la historia, pero su sombra ha estado presente desde entonces en algunas de las actuaciones políticas de Aragón. La última ha sido la aprobación de una Ley del Agua, que ya incluso está publicada en el Boletín Oficial y que entrará en vigor en menos de un año. Parte de la filosofía de la nueva normativa persigue evitar un trasvase. Aunque el objetivo lo tenían claro como el agua, las Cortes de Aragón no disponen de todos los cauces para conseguirlo. Las autonomías tienen competencias muy limitadas en cuestiones hídricas así que la Ley busca sus rodeos.

Uno de ellos consiste en reconocer a los aragoneses el «derecho a evitar transferencias de aguas», artículo 11. «Los aragoneses tienen derecho a exigir a los poderes públicos la oposición a las transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón», reza el texto. La Ley también pone obligaciones al Gobierno de Aragón. Señala específicamente que uno de sus objetivos debe ser «evitar transferencias de aguas» en el caso de que «afecten a intereses de sostenibilidad atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras de los aragoneses».

La Ley iba en el programa electoral del Partido Aragonés y ha salido adelante porque forma parte del acuerdo de gobernabilidad que se alcanzó entre este partido y el PP, que es el que gobierna en Aragón, con Luisa Fernanda Rudi al frente. La aprobación de la ley aragonesa ya ha generado polémica en otra autonomía gobernada por el PP,  la Comunidad de Valencia. El Gobierno valenciano ya ha anunciado que recurrirá. El consejero de Agua valenciano, José Císcar, explicó que presentará recurso de inconstitucionalidad por ser  una «argucia para blindar el Ebro».

Aragón ya intentó poner su dique en el Ebro con la reforma de su Estatuto de Autonomía en 2007. Entonces se introdujo la garantía de una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua para la comunidad. El Gobierno de Barreda quiso copiar esta fórmula para el Estatuto de Castilla-La Mancha, pero no hubo acuerdo con el PP.