En medio de la peor sequía de los últimos 84 años, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, planea iniciar una gran campaña institucional por el ahorro de agua en el país, según informaron varios medios brasileños este jueves.

Hasta ahora, la única actuación de la presidenta ante la situación fue la de dar apoyo financiero a los estados brasileños que sufren los efectos de la sequía y que gestionan de forma independiente sus reservas: Sao Paulo, Espírito Santo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

En este sentido, la medida podría ser empleada como una estrategia de Rousseff para recuperar apoyos después de que esta semana la encuesta Datafolha desvelase que el nivel de popularidad de la presidenta apenas alcanzaba el 23%, una circunstancia similar a la del gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, cuya popularidad pasó del 48% al 28% debido a su pésima gestión de la crisis hídrica.

La ciudad de Sao Paulo, la mayor del hemisferio sur con 21 millones de habitantes en su área metropolitana, es la más afectada por la sequía extrema por lo que las autoridades comienzan a sopesar la idea de aplicar restricciones severas de agua que afectarían a 5 millones de personas, una medida excepcional que genera gran malestar entre la ciudadania.

En la noche del miércoles una protesta contra la falta de agua secundada por 150 personas, según los datos de la Policía Militar, recorrió el centro de Sao Paulo y acabó con la detención por disturbios de dos personas.

Además, el investigador brasileño del Instituto Fiocruz y relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable, Leo Heller, señaló este jueves que el problema de la escasez de agua en Brasil "no es culpa de la meteorología" sino a "la deficiente planificación y medidas para evitar la falta de agua", una referencia indirecta pero claro a la mala gestión de los políticos del país.