ZARAGOZA, España.- Los países priorizaron las inversiones en abastecimiento de agua y dejaron las de saneamiento en un plano secundario. Es muy difícil identificar qué pasó caso a caso, pero los números muestran ciertamente que se han priorizado las inversiones para la implantación de sistemas de abastecimiento de agua, dijo Léo Heller, nuevo Relator Especial de la ONU para el Derecho al Agua, quien participó en la conferencia anual de ONU-Agua en Zaragoza.

Sin embargo, cuando se amplía el acceso al agua, aumenta la cantidad de aguas residuales producidas, por lo que los impactos en la salud humano y el medio ambiente pueden empeorar.

Un estudio del PNUD indica que conseguir el acceso universal al agua y al saneamiento cuesta menos de 20 mil millones de dólares, y que con ello se reduciría un 10% el coste mundial de las enfermedades y se obtendrían unos beneficios de 170 mil millones de dólares? Sin embargo, la financiación orientada a conseguirlo se ha reducido en el último decenio. Si es tan positivo, ¿por qué no hay un mayor interés?

Estas son cifras aproximadas. No resultan muy precisas, pero dan una idea del orden de magnitud. Los datos económicos relacionados con los beneficios en la salud dan pie a controversia, pues muy probablemente en ese valor no se incluye lo que se dejaría de gastar en medicinas, por faltas al trabajo o ausencias en las escuelas?

Pero ciertamente cuando se invierte en agua y saneamiento se obtienen unos beneficios económicos en otros sectores muy superiores. Depende de cada país y cada situación, pero los beneficios pueden llegar a ser 100 veces superiores a la inversión.

Esto algo que hay que mostrar a los actores económicos para que comprendan la importancia de invertir en agua y saneamiento. ¿Por qué no hay entonces un mayor interés? Hay gobiernos más comprometidos y otros que tienen unas prioridades muy distintas. Y muchas veces países que pasan por crisis financieras, por crisis estructurales, pueden tener menos oportunidades para invertir en estos servicios.

El 75% por ciento de los fondos destinados a conseguir el acceso universal se destina al mantenimiento de las infraestructuras existentes? ¿Estamos condenados a subsidiar la operación de las infraestructuras?

En la medida que el acceso vaya creciendo pasaremos a una situación en la que haya más gente con estos servicios que sin ellos. Aquellos que tienen esos servicios demandan recursos para su mantenimiento y operación, sin embargo, en muchas partes del mundo esto se hace con parte de lo recaudado por el cobro de las tarifas no siendo necesarias ayudas externas.

Lo que es muy importante es que los sistemas tarifarios estén bien diseñados para obtener recursos con los que mantener estos servicios, pero al mismo tiempo sin comprometer la capacidad de pago de los más pobres. Hay modelos tarifarios que penalizan mucho a los más pobres. Esto puede provocar que haya gente que no pueda pagar la tarifa y dar lugar a desconexiones, lo que constituye una violación de los derechos humanos.

El financiamiento se orienta en un 60% a los grandes sistemas urbanos de depuración y sólo el 16% va a sistemas básicos para la población rural más pobre y necesitada. ¿Está mal enfocada la ayuda?

Obviamente, la población urbana es muy grande. Y en algunos países constituye un porcentaje muy superior a la rural. Globalmente, tenemos hoy más gente en las ciudades que en las áreas rurales. Entonces, en estos países es normal que las zonas urbanas reciban más ayudas. Por otro lado, en la mayor parte de los países el acceso al agua y saneamiento de la población rural es más baja.

Esta brecha entre las zonas rurales y las urbanas se repite en casi todos los países. Está claro que hay una necesidad de extender el acceso en estas áreas rurales. Por otro lado, para implementar los sistemas adecuados de agua y saneamiento en las áreas rurales es muy importante poner en marcha planes más específicos.

No se puede transferir la misma lógica, tecnología o gestión de los centros urbanos a las zonas rurales, que son muy diversas y tienen muchas particularidades. Es importante que haya programas específicos.

No siempre el acceso en áreas rurales tiene que ser más caro. Hay que ver bien cuáles son las tecnologías más apropiadas. Para el saneamiento, por ejemplo, si la zona tiene una población muy dispersa, las soluciones individualizadas son más factibles y fiables que las colectivas. Y ambientalmente más adecuadas.

¿Qué se puede hacer para que la ayuda llegue a quien más lo necesita?

Sí, hay que llegar a los más desasistidos, no se les puede dejar para el final. A este respecto, yo valoro mucho la planificación. Tengo la experiencia en mi país, Brasil, donde en 2013 se aprobó un plan nacional de agua y saneamiento que identifica muy bien dónde se debe invertir, cómo se debe invertir, cuáles son las prioridades? Si la ayuda se coordina con los planes locales y nacionales de los países receptores seremos mucho más eficaces en el uso de los recursos económicos.

Por otro lado, esto resulta más fácil cuando miramos estas ayudas desde la perspectiva de los derechos humanos. Un plan de desarrollo para agua y saneamiento basado en los principios de los derechos humanos intentará colocar en primer lugar los servicios para las poblaciones más vulnerables. Por eso es muy importante que la ayuda no sea independiente de los planes nacionales y tenga en cuenta los principios de los Derechos Humanos.

¿Se viola el Derecho Humano al Agua en los países ricos? ¿Dónde está la frontera que establece lo que es una violación de lo que no lo es?

Pues uno de los principios del cumplimiento del derecho humano al agua es que no haya retrocesos. Tenemos ejemplos en los propios Estados Unidos. Hay una ciudad que tuvo una desindustrialización muy fuerte, por lo que la población se quedó muy empobrecida, se produjo un desempleo muy alto y el servicio de agua y saneamiento multiplicó por tres el precio de las tarifas.

Muchos de los habitantes de esta población no podía pagar por ese servicio y se les cortó el servicio. Este es un ejemplo de un país rico en el que puede haber una violación del derecho humano al agua.

Otro caso que no está muy bien estudiado, pero que yo tengo intención de investigar son los países que sufren crisis económicas estructurales. Países que pasan por situaciones de muy alto desempleo y crisis generalizadas económicas, en esos casos puede haber también algunos retrocesos en el acceso al agua que supondría una violación del derecho humano.

¿Piensa que es el caso de España?

No conozco particularmente el caso de España, pero sabemos que hay varios países del Sur de Europa que pasan por dificultades económicas. Esta es una de mis intenciones. Tengo que hacer al menos dos viajes a países al año y quiero visitar al menos por un país Europeo que pase por esta situación de crisis para comprobar el impacto de las complicaciones económicas en el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

¿Y puede ser España?

Puede ser España, puede ser Italia, Grecia, Portugal?

¿Son los cortes de suministro por impago una violación del Derecho Humano al Agua?

Cuando el impago se produce por incapacidad financiera, sí, es una violación del Derecho Humano. Cuando ocurre por otros motivos, entonces no se considera como tal. El Derecho al agua no significa que este servicio tenga que ser gratuito. Pero no se puede dejar de garantizar el acceso al agua para las personas que no puedan pagarla. Eso no es adecuado desde el punto de vista de Derecho Humano.

Basándose en el Derecho Humano al Agua, la iniciativa ciudadana europea Right2Water busca garantizar el abastecimiento y el saneamiento en la UE con empresas exclusivamente públicas. ¿La empresa privada no puede garantizar el Derecho Humano al Agua?

El marco de los Derechos Humanos no afirma que la única forma de prestación de servicios sea con empresas públicas. Habría que analizar cada caso. Hay un caso en Grecia en el que los tribunales impidieron la transferencia de los servicios para una empresa privada considerando que podría tener como consecuencias incumplimientos del Derecho Humano.

Hay otro ejemplo: cuando la anterior relatora Catarina de Albuquerque visitó mi país, Brasil, comprobó como en el Estado de Sao Paulo, el más importante y más seco de todos, había gente sin acceso al agua en un área cuyo abastecimiento dependía de una empresa estatal que cotiza en Bolsa y que reparte dividendos anuales a sus accionistas.

Ella consideró entonces que no es una situación adecuada. En otras palabras cuando hay una empresa prestadora de servicios orientada a conseguir ganancias y transfiere recursos obtenidos de la población atendida para otros agentes económicos externos al servicio de agua se puede considerar que no es apropiado desde el punto de vista del Derecho Humano.

Si consiguen ingresos superiores a las necesidades financieras de los servicios ese excedente debería ser utilizado para garantizar acceso a los que no lo tienen y no transferirlos a otros. Así pues, no se puede generalizar. No se puede decir que necesariamente en los servicios públicos los Derechos Humanos serán respetados. Hay que evaluar caso a caso.

¿Cuál son las prioridades a partir de 2015?

Ahora están siendo negociados los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los documentos iniciales buscan incorporar el concepto de Derecho Humano en agua. Una forma de comprobar esto sería monitorear a lo largo del tiempo si se va reduciendo la brecha entre ricos y pobres, entornos urbanos y rurales, personas que viven en asentamientos formales y no formales, países norte y sur? Una política de agua y saneamiento orientada por los derechos humanos procurará reducir todas estas brechas entre la población mundial.