A raíz de la noticia sobre el apoyo por parte del Parlamento Europeo a la iniciativa ciudadana Right2Water, iAgua ha entrevistado a Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Pregunta - ¿Cuál es la postura de AEOPAS respecto a la iniciativa Right2Water?
Respuesta - Tanto AEOPAS como Aqua Publica Europea (la organización que agrupa a la ciudades que gestionan el agua desde lo público como París, Milán, Bruselas o Berlín), junto con los sindicatos, los movimientos sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil hemos reivindicado, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano (ICE-Agua), queel agua sea un derecho humano y que se gestione como un servicio público y no como una mercancía. Fruto de esta reivindicación se recogieron y presentaron a laComisión Europea unas 1.857.605 firmas, superando con creces el millón exigidas.
Entre las demandas previstas en la ICE-Agua, se pide el compromiso de la Comisión Europea de elaborar una propuesta legislativa que incorpore un modelo de prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento desde una óptica de derechos humanos.
P. - ¿Por qué cree que esta iniciativa ha logrado tanto apoyo ciudadano? ¿Cuál cree que es la percepción de las personas sobre el servicio del agua?
R. - Al margen de su valor crematístico en muchos países europeos el agua sigue manteniendo un fuerte valor simbólico, un significado de “fuente de vida”. Este valor simbólico hace que la ciudadanía tome rápidamente conciencia social sobre el agua como bien común. Por tanto, es importante destacar que, en gran medida, el éxito de esta iniciativa es también el papel que la sociedad civil frente a la mercantilización.
Además en Europa se está construyendo un nuevo modelo público, un modelo que indudablemente tiene que ser sostenible en términos económicos pero que su verdadero eje de gestión está en los valores. En los valores de solidaridad y respeto al medio ambiente. Paris desde el 2010 es la referencia de este nuevo modelo un modelo que en su primer año de “desprivatización” consiguió un 8% en la bajada de su tarifa, 35 millones de beneficio, se aplicara el derecho humano al agua, que hubiera Consejos de participación ciudadana o que exista un programa importante de tomas de medidas para hacer frente al cambio climático (reducir el consumo, negociar con los agricultores de la zona para que apliquen practicas agrarias compatibles con el medioambiente y evitar por ejemplo la contaminación de los acuíferos..). Este modelo que ya se esta aplicando en nuestro país en ciudades como Córdoba o Medina Sidonia en Cádiz han hecho que la sociedad civil vea la Iniciativa del agua como posible en muchos más municipios.
P. - ¿Cuál ha sido la repercusión de esta iniciativa en España?
R. - Desde sus inicios, desde la recogida de firmas, la Iniciativa sirvió para abrir un profundo debate en la sociedad. Así, más de 300 organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, defensores del agua publica (Red Agua Pública), operadores (Aeopas) y científicas (Fundación Nueva Cultura del Agua), sindicatos (CC.OO) y de otros ámbitos, creamos un gran pacto que pretende blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras. La #iniciativagua2015, que defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, intenta prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa privada en la gestión de este recurso, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo e incluso promover el consumo del “grifo” frente a la comercialización de botellas. El pacto se impulsará en muchos ayuntamientos y los puntos centrales de la Iniciativa Agua vienen recogidos en el Pacto.
P. - ¿Considera que en España está asegurado el acceso al agua?
R. - “La pobreza hídrica no es de aplicación directa a la sociedad española”, ya que “el sector dispone de mecanismos de acción social que aseguran el cumplimiento del derecho humano al agua”, defendió recientemente el actual presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). Desde los movimientos sociales y desde los la Asociación de Operadores Públicos (AEOPAS) sostenemos que la privatización convierte ese derecho en un simple “producto de mercado”, lo cual se nota “en los apremios de lasempresas a los clientes que no pueden afrontar algún pago, las amenazas y los cortes de suministro”.
No tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España, los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles. El presidente del grupo Agbar (uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país), Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Lo cierto es que los poderes públicos tienen el deber y la capacidad para evitar este drama. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los derechos de la población en general, salvaguardando a la población en riesgo.
Solicitamos de forma urgente una normativa que impida el corte de suministro y que se garantice unos suministros mínimos vitales a las familias y colectivos que necesitan una protección especial. Muchas democracias occidentales ya prohíben cortes de agua, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Rusia, Irlanda, Escocia y, más recientemente,Ecuador. Los tribunales de Bélgica y los Países Bajos han sentenciado que los cortes de agua violan los derechos humanos.
El 25 de junio de 2014, tres expertos de la ONU sobre derecho humano al agua y al saneamiento, vivienda adecuada, y pobreza extrema emitieron una declaración que afecta radicalmente a los Estados a la hora de aplicar de manera efectiva el derecho humano al agua. Tras su visita a Detroit y ante la preocupación por las desconexiones de agua generalizados en la ciudad estadounidense a las familias que no pueden pagar el agua de sus facturas, declararon textualmente:
“La desconexión de los servicios de agua por impago debido a la falta de medios supone una violación del derecho humano al agua y los demás derechos humanos previstos por el derecho internacional”.
P. - ¿Se corta el servicio a personas que no tienen recursos para pagarlo? ¿Qué acciones deadministraciones/empresas (fondos, descuentos, etc.) pondría como ejemplo en este sentido?
R. - El acceso a los derechos humanos ha de garantizarse por los poderes públicos en forma de derechos de ciudadanía, superando visiones de carácter asistencial. Es por ello, que en el marco de nuestras posibilidades y competencias, creemos que la garantía de acceso al derecho humano al agua en nuestro municipio debe de establecerse a través de un suministro mínimo vital de agua independiente de cualquier condicionante de tipo económico. Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el derecho al agua abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud, y para satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar, y ello requiere entre 80 a 100 litros por persona y día. Mediante la dotación de un suministro mínimo vital se asegura, por tanto, la condición básica para la ejecución del derecho ciudadano al agua, primando a la vez la justicia social y el ahorro de un recurso escaso.
La experiencia ya se está aplicando en ciudades como Medina Sidonia (Cadiz), El Prat de Llobregat (Barcelona) y más recientemente se aplicará en la ciudad de Córdoba. Estos ejemplos atestigua claramente que puede efectuarse una política de recaudación exigente hacia las obligaciones de los usuarios para con el pago de las tasas que aseguran la prestación de un servicio de calidad y amparan el principio de igualdad entre todos los usuarios, utilizando como fórmulas de recaudación el diálogo entre las partes o la iniciación de otros procedimientos legales de cobro, como puede ser la vía ejecutiva. Estos procedimientos de recaudación en ningún caso conllevan amenaza de corte a usuarios que ejercen su derecho a un suministro mínimo vital. Estamos pues desarrollando una política tarifaria y recaudadora viable económicamente y consustancial a la responsabilidad social corporativa en gestión de servicio público de una sociedad 100% pública. Pronto muchas ciudades aplicaran este “mínimo vital”, recogido en el Pacto Social por Agua, a sus reglamento de suministro de agua.
P. - ¿Es posible compaginar una garantía de acceso al agua con el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua?
R. - El Objetivo de la Directiva Marco del Agua es que todas sus aguas tengan, al menos, un 'buen estado ecológico y químico'.
Esto implica un grado de responsabilidad por parte de los gestores públicos. El pacto social del agua implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, para los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras. De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. En este sentido, las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Por tanto, la Iniciativa lo que hace es enfatizar en la necesidad de que la tarifas incluyan mecanismos de solidaridad y cuestiona los mecanismos de mercantilización aplicados a un derecho humano.
No obstante y recordando los incumplimientos debemos de recordar que España–unos de los lideres en la mercantilización del agua- es de los países que más incumple las leyes medioambientales en la Unión Europea. Es el estado al que más expedientes se le abren y cuyos procedimientos llegan más lejos: está a la cabeza en el número de casos que la Comisión Europea remite a los Tribunales. Un buen ejemplo de ello tiene abiertos 800 casos de vertidos de aguas residuales sin tratar en España. La visión mercantilista del recurso está suponiendo también un cortoplacismo y una ausencia de planificación para hacer frente a los retos ambientales como el cambio climático o la gestión de las sequías
La UE insta a que se aplique “el principio general de recuperación de costes” y defiende que sea así, que el usuario pague los costes del recurso (de gestión, de infraestructuras, medioambientales), pero solo eso y no las nóminas, deudas y otros gastos municipales ajenos al agua.
Es necesario que la ley prohíba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica.
P. - ¿Cuál es la relación de AEOPAS con otras asociaciones homólogas europeas?
R. - Estamos en la Junta directiva de Aqua Publica Europea con la cual compartimos valores y estrategia. Aqua Pública Europea se fundo en el 2008 precisamente para crear y defender un nuevo modelo público. Un modelo eficaz, transparente y solidario. Entre sus miembros están ciudades como Bruselas, Viena, Paris, Grenoble, Berlín, Torino, Aguas de Escocia o Milán
P. - ¿Cree que el hecho de que haya recibido apoyo por parte del Parlamento Europeo puede derivar en cambios legislativos en un futuro?
R. - Por supuesto. Los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos; y en el caso del derecho al agua y al saneamiento, la obligación de respetar implica que los Estados actúen para que quienes ya disfrutan de su derecho al suministro sigan haciéndolo prohibiendo el corte por impago y estableciendo medidas proporcionales y alternativas acordes a la situación que padecen. Por todo ello, la respuesta de la Eurocámara , reconociendo el derecho humano al agua, supondrá la obligación de los poderes públicos de revisar su legislación y sus prácticas en orden a garantizar el derecho humano y a satisfacer de un mínimo vital en todos los países de la UE. El mínimo vital se corresponde con el mínimo existencial necesario para llevar una vida digna cuyo déficit, los poderes públicos en su caso, deben corregir. al margen de cualquier problema presupuestario o financiero.
P. - ¿Han debatido con los diferentes partidos políticos sobre este argumento? ¿Qué le parecen sus posturas?
R. - Desde AEOPAS creemos que es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social. En este sentido el PSOE, Podemos e IU han apoyado la mayoría de los puntos contemplados por el Pacto social por el agua. El primer pleno de Vitoria se dedicó a blindar el servicio público al aprobar, con el apoyo de PSE, PNV, Bildu y Podemos, el Pacto Social por el Agua, una iniciativa promovida por más de 300 asociaciones, organizaciones y partidos que pretende evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano. El PP se abstuvo.
El Pacto Social por el Agua ha empezado a recorrer cientos de plenos municipales. En Toledo lo promueve IU y en ciudades como Jerez de la Frontera se presentara de forma conjunta por IU, Podemos y el grupo municipal socialista.
Los principios del Pacto Social, como el establecimiento de garantías de suministro de un mínimo vital o favorecer una gestión participativa no significan politizar la gestión del agua sino primar los intereses generales.
P. - ¿Cree en la convivencia de diferentes modelos de gestión?
R. - En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para “enjuagar las cuentas municipales”. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.
Esta entrega además provoca dos situaciones económicamente muy insostenibles; el sistema no estimula el empresariado local o regional ya que se compra así mismo la mayoría de los servicios y, elimina además, las ventajas de la competitividad que ofrece el mercado con lo que acabas pagando infraestructuras y/o servicios a un precio más caro que el marcado por el mercado. Todo este proceso se ha realizado sin un regulador y con escasa información.
P. - ¿Han debatido con los diferentes partidos políticos sobre este argumento? ¿Qué le parecen sus posturas?
R. - Desde AEOPAS creemos que es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social. En este sentido el PSOE, Podemos e IU han apoyado la mayoría de los puntos contemplados por el Pacto social por el agua. El primer pleno de Vitoria se dedicó a blindar el servicio público al aprobar, con el apoyo de PSE, PNV, Bildu y Podemos, el Pacto Social por el Agua, una iniciativa promovida por más de 300 asociaciones, organizaciones y partidos que pretende evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano. El PP se abstuvo.
El Pacto Social por el Agua ha empezado a recorrer cientos de plenos municipales. En Toledo lo promueve IU y en ciudades como Jerez de la Frontera se presentara de forma conjunta por IU, Podemos y el grupo municipal socialista.
Los principios del Pacto Social, como el establecimiento de garantías de suministro de un mínimo vital o favorecer una gestión participativa no significan politizar la gestión del agua sino primar los intereses generales.
P. - ¿Cree en la convivencia de diferentes modelos de gestión?
R. - En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para “enjuagar las cuentas municipales”. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.
Esta entrega además provoca dos situaciones económicamente muy insostenibles; el sistema no estimula el empresariado local o regional ya que se compra así mismo la mayoría de los servicios y, elimina además, las ventajas de la competitividad que ofrece el mercado con lo que acabas pagando infraestructuras y/o servicios a un precio más caro que el marcado por el mercado. Todo este proceso se ha realizado sin un regulador y con escasa información.
R. - El lector debe saber que a escala mundial sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes del mundo son privadas; el 90% públicas. Las ciudades de todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua. Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas promesas rotas, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de este servicio esencial. La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 100 ciudades han remunicipalizado el servicio en el mundo entre los años 2000-2014 y en todos los continentes. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa Paris, Berlín o Budapest y en los países del sur: Buenos Aires, La Paz; Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La remunicipalización es ya un fenómeno Global.
Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y todos destacan a París como un modelo de referencia. En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado que con la empresa pública haya una gestión más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración.
En España también se están viviendo interesantes experiencias de remunicipalización del agua como en Medina Sidonia (Cádiz), Torrelavega (Cantabria), Lucena (Córdoba), Arteixo (Coruña), Arenys de Munt (Barcelona), o los 22 municipios sevillanos agrupados en la sociedad Aguas del Huesna. Y municipios como Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Valladolid, Santiago de Compostela (La Coruña), Silla (Valencia) Priego y Puente Genil en Córdoba o Jerez de la Frontera están desarrollando una estrategia para volver a ser públicas. En este sentido quiero señalar que la desprivatización es una difícil tarea. Muchos ayuntamientos, a pesar de tener un deseo de poder volver a lo público, se encuentran con escasas posibilidades para hacerlo. Entre los obstáculos, hay que señalarlas actuales leyes diseñadas por el gobierno central impiden en muchos casos incrementar una plantilla municipal dedicada al control de esta serie de servicios y dificultan la creación de sociedades instrumentales 100% públicas que se hagan cargo del servicio. No obstante, estas trabas cambiaran porque la remunicipalización es la tendencia que se está dando en todo el mundo.
P. - ¿Cómo afecta la judicialización del sector a la percepción ciudadana?
R. - El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos de Asturias como Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas de Narcea, Tineo, Avilés, Oviedo), A Coruña (Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón, Betanzos), Pontevedra (Ponte Caldelas, Pontevedra), Lugo (Chantada, Ribadeo) y Ourense (Punxín, Barbadás, Ourense) están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua. La jueza instructora de la denominada “trama del agua” ha resaltado que los directivos de la concesionaria privada “han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas”. Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción.
En los medios se transmite, muchas veces sin intención, que esto es un problema exclusivamente de los partidos políticos (luchas entre partidos) y nos conduce inexorablemente a un desprestigio de la política. Pero desde mi punto de vista esto debería de servir para revisar las líneas políticas –subordinarlas a la idea de interés colectivo- , mejorar las reglas del juego y prohibir los mecanismos que facilitan la especulación.
P.- ¿Cómo describiría la situación actual de la gestión de los servicios del agua en España?
R. - En revisión… es necesario y urgente estandarizar normas y criterios en la prestación de los servicios, evitar la opacidad en la gestión privada, poner en marcha un regulador que analice y vigile la situación del agua y eliminar los cánones concesionales, el mecanismo que permite recaudar y desviar los fondos a capítulos que nada tienen que ver con el agua. Mientras esto no suceda la actual situación de burbuja hídrica será consustancial a nuestro país.
