México, DF.-18 de abril 2015.-La renuncia de David Korenfeld como director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el próximo cierre del último periodo de ordinario de sesiones de la actual Legislatura (30 de abril), deben abrir la puerta a que se diseñe una Ley General de Aguas que realmente garantice el acceso al recurso hídrico para toda la población.

Investigadores y organizaciones civiles demandaron que la elaboración de la ley –que debe sentar las bases para garantizar el Derecho Humano (DH) al agua– implique un diálogo nacional amplio, a partir de los pueblos indígenas, las universidades y las organizaciones sociales, para evitar un colapso hídrico generalizado, y sentar las bases para un buen gobierno del agua.

En un comunicado, organizaciones como el Instituto de Derecho Ambiental y la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida expresaron que la renuncia de David Korenfeld el pasado 10 de abril “responde al cuestionamiento ciudadano no sólo del actuar de un funcionario, sino de una institución sin contrapesos”.

Acusaron que durante la administración de Korenfeld, Conagua favoreció la contaminación, el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el derroche y la marginalización hídrica, el deterioro de las cuencas, así como la corrupción y la impunidad hídrico-ambiental.

En contexto, dijeron, la iniciativa de Ley General de Aguas (dictaminada en la Cámara de Diputados el pasado 9 marzo) “pretendió otorgar mayores facultades a la Conagua, y blindarla aún más de la participación y contraloría legislativa y ciudadana”.

Cabe recordar que las organizaciones civiles lograron detener la discusión en el pleno de la iniciativa al considerar que su contenido es violatorio del DH al vital líquido, y, entre otras omisiones, no estaba diseñada desde una perspectiva de género para eliminar los problemas que enfrentan las mexicanas para acceder al recurso.

Como parte de los debates se presentó una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas (que no fue tomada en cuenta por las y los legisladores durante la dictaminación), con planteamientos distintos respecto a la iniciativa oficial.

La iniciativa ciudadana considera el agua como “un bien común, de la nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada por el sector público y comunitario sin fines de lucro”.

De ser avalada, con ella se daría reconocimiento y prioridad a los sistemas de agua potable y saneamiento organizados por pueblos, comunidades o usuarios (lo que la iniciativa de Conagua no plantea); además de que los sistemas municipales y del DF serían administrados por consejos compuestos mayoritariamente por representantes territoriales elegidos en asambleas abiertas, con controles para garantizar equidad, eficacia y transparencia.

Entre otras cosas, se reconocerían prioritariamente los derechos y sistemas de agua de los pueblos indígenas y originarios, y se realizarían obras y acciones para restaurar sus fuentes históricas y para fortalecer su gestión de las zonas proveedoras de agua.

Diputados federales por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron ayer en que no se generaron los “consensos suficientes” para la discusión de la Ley General de Aguas.

Así, la eventual aprobación de la iniciativa no fue incluida como un tema de la agenda prioritaria que se discutirá en la Cámara baja antes de que termine su último periodo de sesiones, abriendo la puerta a que la nueva Ley de Aguas sea diseñada por las y los diputados de la futura Legislatura en septiembre próximo.