La disponibilidad per cápita de agua en México disminuyó de manera significativa en las últimas décadas; en 1950 era de 18,035 m3 por habitante por año y pasó en el 2013 a 3,982 m3, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Anayeli Muñoz Moreno, reconocida especialista en miles de temas, hace un lado el preocupante dato. Se declara a favor del abasto del agua gratuito. Defiende a los morosos. Fomenta la cultura del no pago. Y avala el desigual trato que reciben los usuarios cumplidos.

Otto Granados tiene una visión contraria a la posición de la diputada del PVEM. En su texto Agua, populismo e irresponsabilidad, reflexiona sobre el tema. Reproduzco íntegra la colaboración publicada en desdelared.com, el reciente 3 de julio (omito cursivas para hacer más agradable la lectura):

La reciente decisión del Congreso de Aguascalientes para prohibir los cortes de agua a quienes no pagan por su utilización y consumo es una de esas típicas maniobras absurdas, irresponsables y populistas que, al final del día, terminarán por afectar más justamente a quienes en teoría pretenden beneficiar y que alguien, en especial los morosos y otros usuarios del servicio, terminarán pagando de una manera u otra.

Pongamos las cosas en perspectiva. En primer lugar -basta ver estos días el caso de Grecia como antes Argentina y otros-, los políticos, burócratas y algunos gobernantes piensan que la mejor manera de defender los intereses de los sectores más desprotegidos es tomando malas decisiones para congraciarse con la galería. Como creen que todo debe ser gratuito -la educación, el agua, la salud, la vivienda, la pavimentación, la entrada al palenque y un largo etcétera- porque en teoría todo eso ya está cubierto con los impuestos, entonces hay que quedar bien y aparecer como grandes salvadores, Más allá de que es realmente una conducta políticamente hipócrita y aberrante, la argumentación es por completo falsa.

En México, los ingresos del gobierno por impuestos solo alcanzan 16.9 por ciento como porcentaje del PIB, es decir, son claramente insuficientes para cubrir esos servicios públicos y mucho menos de manera gratuita; y el 60% por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad, es decir, no paga impuestos de ninguna naturaleza y a cambio, según los diputados, quieren que reciba todos esos servicios sin  ninguna contraprestación. En suma, el costo de todos ellos recae en tan solo un porcentaje muy pequeño de la población que es la que sí paga impuestos y está en el sector formal de la economía. Y esto, que es tan elemental y tan básico, es justo lo que los diputados son intelectual y técnicamente incapaces de entender.

En segundo lugar, la necesidad de recurrir a fórmulas de prestación privada de servicios públicos, algo que es cada vez más generalizado en todo el mundo, deriva de asegurar que los servicios públicos lleguen en las mejores condiciones de calidad, equidad, sustentabilidad e inclusión a los ciudadanos, y por tanto hay que pagar por ellos ya sea por la vía de los impuestos, que como ya vimos solo los paga un porcentaje muy pequeño de la población, o por la vía de los precios, que es lo normal cuando se adquiere cualquier tipo de bien o servicio, y en ese caso todo aquel que desea comprar paga por él.

El tercer problema es que tal decisión legislativa compromete seriamente el desarrollo urbano ordenado, sustentable y equilibrado, pero como parece más bien de burócratas de estados verdaderamente subdesarrollados pero no de Aguascalientes, hay que explicarles cómo funcionan las cosas: tanto la explosión del crecimiento urbano y la migración campo-ciudad, como la necesidad de los gobiernos de mantener los balances fiscales y eventualmente prestar los servicios de manera más eficiente, han incentivado poderosamente la atracción de capital privado para financiar infraestructura pública, entre otros motivos, porque desarrollarla frecuentemente es muy cara, compleja de construir, con retornos económicos no siempre altos y costos operativos que no terminan nunca, pues mientras más esencial es una infraestructura, más se utiliza y más necesita ser reparada, ampliada y mejorada. Dicho de otro modo: si los gobiernos entienden claramente los modelos innovadores de participación privada diseñados para solucionar problemas más complejos, podrán lograr prestar buenos servicios públicos, hacer asignaciones adecuadas de riesgo incluso en condiciones de incertidumbre respecto a necesidades futuras, o focalizar mejor dónde requieren intervención privada para atender demandas específicas o sectoriales de infraestructura. Así de simple.

El cuarto punto es que no cobrar el agua es un sofisma o paladinamente una mentira. Los ingresos que por esa ocurrencia deje de percibir la concesionaria terminará compensándolos por algún otro lado: un ajuste tarifario, menos inversiones, reducción del fondo social, menor cobertura en colonias y en horas al día, en fin, hay un abanico de opciones, y en el siglo XXI las empresas y la economía así funcionan. En breve: los beneficiados de hoy podrán ser los afectados de mañana.

Y quinto: los diputados ahora han abonado a una de las prácticas más perniciosas que existen en México que es la arraigadísima costumbre de no pagar y menos si se trata de servicios que presta el gobierno o de aquellos donde el gobierno puede ser el salvavidas.

Hace tiempo se hizo un estudio para ver dónde había más morosidad y se encontró que los pagos al antiguo IVEA, al municipio, al Hospital Hidalgo y otros proveedores públicos, la gente se rehusaba alegremente a pagar; pero cuando se comparaba con las tasas de morosidad del televisor o el aparato de música o productos así adquiridos en tiendas tipo Elektra o Coppel, el consumidor sí pagaba puntualísimamente porque de otra forma les quitaban la televisión o la estufa. Ni más ni menos, eso explica la cultura del no pago.

Todo este episodio recuerda una anécdota: un día le preguntaron a un amigo si quería ser diputado y él contesto que no, porque el cargo nada más duraba tres años pero la vergüenza toda la vida. Por supuesto tenía toda la razón.

Hasta aquí el texto de Otto Granados.

Efectivamente, a muchos les disgusta pagar. Se aduce pobreza en el caso del agua e ilegalidad en la aplicación del Derecho de Alumbrado Público, como es el caso de particulares y de empresas (Oxxo, Nissan, Costo, etc.) que alegremente se están amparando contra ese cobro municipal.

Pero además, según cifras oficiales del mes reciente, 55 mil vehículos, que representan el 12 por ciento del padrón total en el estado de Aguascalientes, circulan con placas vencidas. El porcentaje de los morosos del Impuesto a la Propiedad Raíz es parecido al anterior: 52 mil 500 cuentas no están liquidando su pago, es decir, el 15.83 por ciento del total.

En cuanto a la numeralia de los incumplidos del pago de H2O, hace dos semanas solicité a Ignacio Macías Valdez Martínez, gerente de Comunicación de CAASA, datos relevante de este comportamiento, pero nunca llegaron, a pesar del compromiso asumido por la ahora deshonrada palabra del ineficiente directivo, más entretenido en desayunar en el Mitla que responder a las solicitudes de información.

El proceder confirma mi parecer: los reporteros o lectores de noticias y locutores son los peores políticos y jefes de prensa en Aguascalientes.

Pago, no tengo. Debo, no niego.