México, DF. La consulta a la tribu yaqui de Sonora, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la construcción y operación del Acueducto Independencia (AI), está suspendida por parte del gobierno de ese estado sin haberse cumplido el requisito legal de permitir la participación de los indígenas de manera libre e informada, debido a que "no puede ser libre cuando dos de las personas claves para la misma, Mario Luna Romero y Fernando Gutiérrez, están encarcelados" en forma injustificada, informó el asesor técnico jurídico de la tribu, Alejandro Olea Güereña.

La consulta, dijo, tampoco fue previa, porque ya está operando el acueducto, ni informada, porque aunque se ha entregado mucha información, están pendientes de realizarse varios estudios relacionados con las afectaciones a los derechos fundamentales de la tribu yaqui, al llevarse el agua del río para abastecer a Hermosillo.

Entre esos estudios, en los que la autoridad responsable es la dirección general de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat, citó los relacionados con el caudal mínimo ecológico de la cuenca del río Yaqui, como antropológicos sobre la tribu relacionados con sus recursos, su patrimonio cultural e histórico, de afectación a la salud y la producción agrícola. Explicó que la consulta se quedó en la etapa informativa y todavía falta la deliberativa y la de consulta propiamente dicha, que sería la conclusión final de la propia tribu.

Denunció que ha habido "hostigamiento" hacia la tribu tanto por parte del gobierno estatal como de anónimos, citó como ejemplo a Lauro N, a quien quemaron dos vehículos en la cochera de su casa, estando la familia dentro; a Miguel Ángel Cotatórtola le hablan para amenazarlo para que ya retiren la manifestación pacífica que tienen en la carretera internacional, donde hacen interrupciones intermitentes al paso de vehículos de carga.

Olea Güereña informó que en total se han interpuesto ocho juicios de amparo y dos controversias constitucionales contra la construcción del Acueducto Independencia. Las controversias fueron promovidas por los municipios de Cajeme y de San Ignacio río muerto, que reclaman la afectación a la esfera de las facultades de los municipios con la operación del acueducto, y están por resolverse en la Suprema Corte de Justicia el miércoles 21.

De los ocho amparos ya se resolvieron tres. Uno de la tribu en mayo de 2013 que se promovió en un juzgado de Hermosillo, otros dos juicios de amparo, el 461/2011 en el juzgado 10º de distrito en Hermosillo y el 863/2010. Está  también el 1206/2010 promovido contra los títulos de asignación de agua que otorgó el gobierno federal al gobierno del estado y ahí también se determinó que se violó la garantía de audiencia de los productores agrícolas del Valle del Yaqui.

Indicó que está en trámite ante la Conagua un procedimiento administrativo, instaurado en cumplimiento de la sentencia de la primera sala de la SCJN, y Conagua está por resolver, para revisar la legalidad de esos títulos, y resolver si mantiene, modifica o extingue los títulos de asignación de agua. "En caso de revocarlos, como creemos que debe ser, entonces se quedaría sin agua el acueducto".