México.- El representante del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, informó a legisladores del estado que guardan los pagos e indemnizaciones a los afectados por el derrame de químicos en agosto de 2014.

En reunión con diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Permanente, explicó que en septiembre pasado se constituyó este Fideicomiso con un monto por dos mil millones de pesos para resarcir los daños provocados por un derrame de la mina Buenavista, del Grupo México.

De esos dos mil millones, expuso, ya se han autorizado mil 40 millones de pesos, y de esa cantidad se han otorgado 768 millones de pesos.

Se han pagado conceptos tales como agropecuario, tinacos, tomas de agua, comercio e industria, rehabilitación de pozos, diagnóstico ambiental, organismo municipales de agua, pipas, atención a la salud, gastos por comunicación social, libro blanco, servicios notariales y bancarios, dijo.

Acompañado por el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, y el director general del Organismo de Cuenca Noroeste, de la Conagua, César Lagarda Lagarda, destacó los resultados en cuatro meses de operación del fideicomiso.

Estos recursos “equivalen a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de la región Río Sonora, correspondiente al periodo septiembre-diciembre. El PIB per cápita mensual subió de 840 a ocho mil 198 pesos”.

Se estima que en los siete municipio de esa región en el norte del país hay una población de 22 mil 878 personas, y a la fecha se han otorgado 27 mil 522 apoyos económicos directos e individuales, que se han distribuido en efectivo, cheque o tarjeta de débito.

Lacy Tamayo señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud identificó y documentó expedientes médicos con dos afectaciones agudas como dermatitis y gastroenteritis.

Para atender las personas afectadas en su salud se estableció un Protocolo de Resarcimiento por Pérdida de Productividad y se les dio un pago inicial que cubrió gastos médicos efectuados y días laborales perdidos, sin que este implique una indemnización por daños a la salud.

Reconoció que se instalará una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de manera permanente en la localidad de Ures que operará por lo menos 15 años y que durante ese tiempo realizará el monitoreo correspondiente.

Además recordó que durante los meses de la emergencia, noviembre y diciembre, se desplazó una unidad móvil de atención médica.

El también subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó que existen diversos procesos iniciados para evitar un nuevo derrame.

Estos procesos, iniciados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Profepa, Cofepris y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), establecen obligaciones como la implementación de acciones de urgente aplicación para contener lixiviados.

También prevén un Programa de Remediación que contemple estudios de caracterización, de evaluación de riesgo ambiental, investigaciones históricas y la propuesta de remediación.

Asimismo, un monitoreo sistemático de los niveles de metales en lixiviados y pozos dentro del predio de la minera; uno perimetral de emisiones atmosféricas, gases, partículas y especiación con énfasis en metales, pues la empresa no cuenta con plan de control de emisiones.

Establecen también otro monitoreo sistemático de niveles de metales en suelos y superficies cubiertas principalmente en los municipios de Bacanuchi y Arizpe, con énfasis en casa-habitación y escuelas.