México, DF. Grupo Minero México deberá hacer los resarcimientos justos y debidos, para que los sistemas y las comunidades aledañas al río Bacanuchi, en Sonora vuelvan al estado en que estaban antes del derrame de residuos tóxicos, ocurrido el pasado mes de septiembre, sostuvo el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo.

En reunión de trabajo entre los representantes del fideicomiso para atender las necesidades humanas y ecológicas en el río Sonora y los integrantes de la tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario refirió que el monto del daño ambiental provocado por el derrame de tóxicos en las aguas del río Sonora asciende a mil 870 millones de pesos, y no a los 18 mil millones que inicialmente se anunciaron, porque esa cifra equivaldría al costo de remover todos los suelos que bordean al afluente.

Por su parte el titular de la Profepa Guillermo Haro Bélchez aseguró que el fideicomiso no se extinguirá hasta verse remediados los daños ecológicos y humanos en Sonora .

El funcionario recordó que el monto inicial de los 2 mil millones de pesos del fideicomiso se ha volcado a la remediación del daño a las personas en materia de salud, de actividades económicas y domésticas.

Ante los duros cuestionamientos contra al empresa minera Grupo México a la que los diputados federales de oposición calificaron de indolente, el subsecretario Lacy anunció que el programa de remediación de los daños iniciá el 27 de enero próximo. También añadió 36 de los pozos de agua potable dañados por el agua contaminada, 34 ya se encuentran operando, una vez que la Cofepris ha determinado que el agua que de ahí se extrae está limpia, y dos se clausuraron definitivamente por solicitud de la población.

Frente a esto la diputada del PT, Lilia Aguilar consideró que la tragedia ecológica en Sonora, “es culpa de Grupo México, que ha demostrado ser indolente, violando los derechos humanos de los ciudadano en este país; ante un Estado mexicano que se había mostrado muy laxo, Grupo México debe pagar y el Estado Mexicano debe aplicar la ley en toda su extensión”.