Luego de que el Congreso del Estado aprobara que en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín, se licite para que una empresa privada administre el sistema de agua, asociaciones civiles temen que en el estado venga una ola de privatización en torno al vital líquido.

Francisco Carmona Oliveros, presidente de la asociación civil Grupo Impulsor de Desarrollo Social, dijo que el temor es que con la privatización del SAS se desencadene la privatización de los servicios públicos.

En ese sentido, resaltó que se lanzará una campaña, a partir del 9 de febrero, para que los ciudadanos se puedan amparar contra la privatización de estos servicios, como es el caso del agua.

Precisó que será en esta semana cuando se tengan los primeros amparos de quienes se han acercado a la asociación civil que encabeza, y el llamado es a que más habitantes se amparen contra las medidas privatizadoras de servicios públicos tan básicos como el acceso al agua.

“Vamos a darla lucha jurídica porque la privatización trae como consecuencia el menoscabo de los grupos más vulnerables".