El Partido del Trabajo consideró que la reciente aprobación en el Congreso del estado que autorizó la constitución de una Empresa Público­Privada (Mixta) para la administración de los Servicios del Agua Potable en Veracruz, Boca del Río y Medellín, son acciones violatorias del Derecho Humano al Agua y Saneamiento establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así lo expresó en rueda de prensa el Coordinador del Centro de Políticas Socioambientales del PT, Armando Aguirre Hervis.

De acuerdo a la iniciativa de los Cabildos de esos ayuntamientos, que subrogaron este derecho sin el consentimiento de los usuarios, y que dichas que dice:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Aguirre Hervis dijo que las consecuencias de la privatización de los servicios de agua han sido las mismas en todos los lugares que se ha realizado más allá de las modalidades legales o administrativas implementadas.

1. Se rige bajo principios económicos y del mercado.

2. Principio de exclusión: es posible dejar a algunos “consumidores” potenciales fuera de disfrute del bien.

3. Se incrementan las tarifas de manera exorbitante en el futuro. Se reduce la calidad del agua.

4. Las compañías responden a los accionistas y no a los consumidores. Se fomenta aún más la corrupción.

5. Se reduce el control local y los derechos públicos, no hay participación ciudadana.

6. El financiamiento privado le cuesta más al Estado que el financiamiento gubernamental.

7. Lleva a la pérdida de empleos.

8. Las empresas pueden demandar a los gobiernos que deciden disolver un contrato de prestación de servicios.

9. Las familias de escasos recursos corren el riesgo de quedar sin el abasto del agua.

10. Abre las puertas a las explotaciones de agua a granel.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Civil “Grupo Impulsor de Desarrollo Social”, Francisco Carmona Oliveros informó que ante esta desatinada aprobación de algunos Diputados del Congreso del Estado, implementaran las siguientes acciones:

1.­ Convocatoria abierta a ciudadanos libres, organizados y a todos aquellos que persigan el objetivo de la defensa del derecho humano del acceso al agua y al no menoscabo del patrimonio familiar en términos del acceso al recurso y al costo del servicio.

2.­ Interposicion de amparos que detengan el procedimiento privatizador del sistema de agua y saneamiento metropolitano de Veracruz, Boca del Rio y Medellín, (SAS) en primer término, mediante la suspensión del acto reclamado y posteriormente obteniendo la protección de la justicia federal para los usuarios, en virtud de la existencia de violaciones a los derechos humanos básicos, como lo son el derecho a la vida y la salud entre otros.

3.­ Antes de que finalice la semana, se tendrán interpuestos los primeros amparos y se recibirán a todos los ciudadanos en la oficina del Partido del Trabajo en el puerto de Veracruz, ubicadas en la calle Hipólito Deschamps L., número 121, entre Díaz Mirón y Miguel alemán, en Veracruz.