Ciudad de México.– Por no garantizar el derecho al líquido a los grupos más vulnerables del país, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), integrada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, solicitó que no se apruebe en el Congreso la iniciativa de la Ley General de Aguas que elaboró el Presidente Enrique Peña Nieto.

La coalición señaló en un comunicado que se debe prestar especial atención para que las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos tengan acceso al agua potable.

Las organizaciones defensoras señalaron que el derecho humano al agua está consagrado en el artículo 40 constitucional, y sostuvieron que aunque la exposición de motivos del anteproyecto de ley menciona que se encuentra fundamentada en normativas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la práctico lo propuesto “omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él [iniciativa] se señalan”.

Entre las omisiones que señalaron las organizaciones está que no se asegura el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; tampoco garantiza un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas de subsistencia, en especial a los campesinos marginados y las mujeres y no se habla del acceso de los pueblos y comunidades indígenas a las aguas de sus territorios, ni de su protección.

Las organizaciones denunciaron que el anteproyecto propone un mínimo vital de 50 litros diarios por persona para uso personal y doméstico, mientras que el rango de protección de acuerdo con los derechos humanos es de 100 litros.

También revelaron que no se plantea estrategia alguna para las zonas rurales.

La COMDA consideró que se deben adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros (desde particulares hasta empresas) menoscaben el disfrute del derecho al agua de los pueblos.

“Las autoridades deben velar porque, en caso de que un Estado o tercero haga algo que interfiera con el derecho al agua de una persona, se garanticen los derechos a la información, participación y consulta; así como la disponibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados, incluyendo asistencia jurídica”, dice el comunicado.

Las organizaciones alertaron a los legisladores de que si el Estado se propone garantizar el derecho humano al agua como mandata la Constitución, debe necesariamente basarse en la Observación General 15 del Comité DESC, pues “es el instrumento y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua”.

En México casi 9 millones de personas carecen de acceso al agua potable (5 millones de ellas en zonas rurales), y la iniciativa que propone el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las organizaciones, “carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso”.