Organizaciones sociales -que se oponen al acueducto Monterrey VI y al fracking (fracturación hidráulica) que éste implica-, propusieron la creación de una Ley General de Aguas, que garantice que ésta será para todos.

Este lunes fue presentada la propuesta “Agua para todos“, elaborada por más de 450 investigadores e integrantes de organizaciones cívicas -la cual entregarán al Congreso-, para tener una gestión planificada y participativa del agua, con contraloría social y metas nacionales.

Con ella, buscan que el vital líquido sea “para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; (poner) fin a la contaminación, la destrucción de cuencas y la vulnerabilidad a inundaciones y sequías”.

La iniciativa ciudadana plantea “que sólo la vigorosa participación ciudadana podrá corregir las graves crisis que han proliferado bajo la responsabilidad de la Conagua: sobreconcesionamiento, acaparamiento, contaminación, destrucción de cuencas y acuíferos, y la violación sistemática del derecho humano al agua”.

El grupo de ciudadanos rechaza el proyecto de ley que propondría la Conagua, que “busca dotar a este organismo aún más facultades, sin mecanismos de participación o vigilancia. Su propuesta no se enfoca en la sustentabilidad y la equidad, no aborda el derecho humano al agua ni establece mecanismos que pongan fin a la contaminación. En cambio se centra en megaobras hidráulicas intensivas concesionadas a privados (trasvases, desalinizadoras, pozos ultraprofundos, inmensas plantas de tratamiento). Abre la puerta en cambio a proyectos energéticos intensivos en agua: megapresas, termoeléctricas (incluyendo geotermia) y fracturación hidráulica. Autoriza a la Conagua hacer uso de la fuerza pública y sanciones al monitoreo académico y comunitario no permitido por la propia Conagua“.