Monterrey.- La sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas ha sido bien identificada. Cada permiso, cada metro cúbico que se extrae en Nuevo León, es monitoreado por la autoridad federal.

Cifras inéditas dadas a conocer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permiten entender el tamaño de esos aprovechamientos que las empresas realizan en la entidad. De acuerdo a la dependencia federal, la industria regiomontana ostenta 511 títulos de concesión, que generan un volumen de 72.7 millones de metros cúbicos al año.

Al respecto, el sector servicios posee 257 títulos de concesión, que en suma producen un aprovechamiento de 9.9 millones de metros cúbicos al año. Es decir, que por ambos rubros, las aguas subterráneas de Nuevo León soportan extracciones de 768 títulos de concesión, por un volumen de 82.6 millones de metros cúbicos al año.

Una vez obtenidos, revertir estos derechos ameritaría un grave error por parte de las empresas. Sólo por extraer más agua de la autorizada, contaminar el acuífero asignado o bien, no realizar el trámite en tiempo, podrían acabar con su permiso.

Cada concesión se otorga por un plazo de entre 5 a 30 años, y cada trámite que la parte interesada realiza tiene apenas un costo de 2 mil 500 pesos. En tanto, el metro cúbico de agua representa un gasto para el poseedor del título de 18.6 pesos, según la última actualización que sobre este particular realizó la Conagua.

"Los títulos son prorrogables por un plazo adicional al que fue concedido originalmente. Se puede prorrogar indefinidamente, en tanto que no cambien las circunstancias, las condiciones de ese acuífero", detalló Óscar Gutiérrez Santana, delegado de la dependencia en el estado.

Para el funcionario federal, resulta evidente que un proyecto como Monterrey VI paliaría los efectos del déficit y la sobreconcesión.

Incluso, sostuvo que esas empresas con derechos sobre el agua también saldrán ganando con la obra.

"Sin duda, todos los que habitamos aquí en la zona metropolitana, en el sentido de si lo vemos de tener disponibilidad de agua que permita apoyar el crecimiento de la región, apoyar los nuevos crecimientos, y que finalmente podamos revertir esa sobreexplotación del acuífero y del río Bravo", refirió.

Con o sin sequía, el diagnóstico de la Conagua es que en algún momento en el corto plazo, Monterrey necesitará una nueva fuente de abastecimiento.

Como MILENIO Monterrey dio a conocer este martes, la Conagua reportó el estatus actual de las aguas superficiales y subterráneas en la entidad.

Para ambos casos, explicó Gutiérrez Santana, existe una veda que data de los años 50, lo que se traduce en que las fuentes de abastecimiento ya presentan una sobreconcesión.

Respecto a las aguas superficiales, el río San Juan, que en la entidad se convierte en los ríos Santa Catarina, Pilón, Pesquería y Salinas, ostenta una veda desde el 2 de julio de 1952. Mismo caso para el río Bravo Norte, cuya veda data del 15 de diciembre de 1955.

En el caso de las aguas subterráneas se suman seis vedas. Como se mencionó en su momento, la primera, sobre Monterrey, data del 17 de julio de 1951, una primera ampliación a esta prohibición se decretó el 19 de diciembre de 1956 y la segunda el 19 de junio de 1958. La cuenca del río Guayalejo se encuentra en veda desde el 21 de febrero de 1955, la del río Soto La Marina adquirió esta condición el 10 de febrero de 1964 y la veda de Galeana que data del 7 de julio de 1978.

En síntesis, el agua en Nuevo León ya tiene dueño, no hay lugar para nuevos aprovechamientos y en periodo de sequía, este consumo ya genera problemas.

"Cuando tenemos lluvias por abajo del promedio, tenemos periodos de sequia muy duros, porque la sobreconcesión otorgada, cuando tenemos por abajo del promedio, pues hace crisis. Entonces los usuarios, no solamente entre los diversos usos, sino entre los diferentes estados, inician un problema de crisis relacionado con esta falta de disponibilidad de agua", refirió Gutiérrez Santana.