La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui y representantes de esa comunidad entregaron ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un informe en el que acreditan la complicidad y complacencia de las autoridades federales, así como de la propia Corte en la violación a los derechos de indígenas por la operación del acueducto Independencia.
Ayer, en un mitin afuera de la SCJN, integrantes de la misión hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a los ministros de la Corte para que ordenen la suspensión de las operaciones, debido a que no se ha cumplido la sentencia emitida en mayo de 2013 por la primera sala del máximo tribunal, de hacer una audiencia pública en la que se tome en cuenta la opinión de la tribu yaqui.
Dicho plan, de acuerdo con estimaciones extraoficiales, en un año ha trasvasado casi 60 millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui al río Sonora para destinarla a consumo humano.
Además, junto con el representante de la comunidad indígena, Tomás Rojo, los activistas demandaron la intervención del gobierno federal para frenar la criminalización y hostigamiento del gobierno de Sonora –encabezado por Guillermo Padrés Elías– contra los opositores a la obra y en demanda de la liberación inmediata de Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes eran los interlocutores ante las autoridades, y fueron detenidos y consignados penalmente con base en delitos y testimonios fabricados por autoridades locales.
Hicieron un llamado a los ministros para que apliquen el protocolo de actuación en asuntos relacionados con comunidades indígenas, aprobados por ellos mismos, el cual establece los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como la obligación de consultar a las comunidades antes de la realización de un megaproyecto, así como que su expresión sea vinculante y tomada en cuenta.
Denunciaron también que a pesar de la que la primera sala determinó hace unos días invalidar la manifestación de impacto ambiental del acueducto Independencia y de que emplazó al Presidente a presentar una nueva, que cumpla con todos los requisitos legales, los representantes del observatorio Edmundo del Pozo, Elí Sandoval y Tomás Rojo lamentaron que en esa resolución la SCJN haya validado tres concesiones de agua al gobierno de Sonora, lo que de facto regulariza la operación del acueducto.
Aseveraron que el gobierno federal tampoco ha cumplido nueve puntos a los que se comprometió cuando en mayo de 2013 la Corte amparó a la comunidad yaqui para que se cumpliera con el derecho de audiencia de la comunidad y la realización de una consulta previa.
Cuestionaron que hasta la fecha la Comisión Nacional del Agua no haya entregado el estudio sobre cuánta agua del río Yaqui ha sido desviada al río Sonora, así como un dictamen antropológico sobre la relación entre agua y derechos indígenas.
