El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey y la Cámara de Diputados se sumaron a las asociaciones civiles ecológicas, además de algunos legisladores del Congreso de Nuevo León, con una postura en contra de la construcción del Acueducto Monterrey VI.

El 12 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a promover la cancelación de la obra de infraestructura hidráulica Acueducto Monterrey VI.

La diputada por el PRD que promovió el punto de acuerdo, Socorro Ceseñas Chapa, explicó que el proyecto del acueducto no ha sido lo suficientemente discutido para avalar su viabilidad y financieramente representaría un monto que oscila entre los 17 y 47 mil millones de pesos.

“Nuevo León está entre los primeros cinco lugares de los estados más endeudados y no sería justo que esto impactara a las finanzas públicas de la entidad y por ende pasaría a un endeudamiento del pueblo”, dijo Ceseñas, en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con información de ICA, proporcionada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la inversión en obra para la construcción del acueducto asciende a 17 mil 684 millones de pesos, de los cuales ICA, por medio de su subsidiaria Controladora de Operaciones de Infraestructura (Conoisa) participará con 37.75% de esa inversión.

Otro 37.75% será inversión de Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, los constructores de la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec.

El resto de la inversión la harían las empresas privadas Desarrollos Rogar, Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa) y Productos y Estructuras de Concreto.

No obstante, los 30 mil millones de pesos restantes que comprende la contraprestación mensual por 27 años, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, la suma de los costos de amortización de la inversión, así como la operación y mantenimiento por el plazo del contrato —30 años—, serán pagados por el gobierno de Nuevo León a través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. “Todo este tipo de inversiones y la amortización de las mismas genera un impacto financiero que se convertirá en deuda de la población”, explicó la legisladora.

La deuda del estado de Nuevo León es de 36 mil 472 millones de pesos al 31 de diciembre de 2014, según Hacienda. En 2012, la deuda de la entidad era de 23 mil 91 millonesde pesos.

El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) conformado por empresas como Femsa, Coca Cola, Alfa, Axtel, Cemex, Grupo de Acero, Home Depot, PASA, Pepsico, Gruma, HEB, Cinépolis, BAT y Banamex, entre otras, también se pronunció en contra del proyecto.

El presidente del FAMM, Eugenio Clariond Reyes Retana, mencionó que el acueducto es una obra innecesaria y tiene un alto costo económico, ambiental y social.