Por unanimidad y con 31 votos a favor, las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, avalaron el dictamen con el que se crea la Ley General de Aguas que contempla que el titular del ejecutivo Federal podrá otorgar concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del vital líquido hasta por 60 años.

Según el dictamen, que se conocerá en el pleno este jueves, las concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas se harán a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e irían de los cinco a los 30 años y tendrá una prórroga por el mismo número de años.

En esta aprobación, que duró casi tres horas, se presentó una confrontación entre legisladores del PRI y de la izquierda, quienes acusaron que con el aval de esta ley secundaria del artículo 4 de la Constitución se estará privatizando el agua en nuestro país y por eso abandonaron la sesión.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, la perredista Aleida Alavez, acusó un "albazo legislativo" debido a que este dictamen apenas se les envió en la madrugada de este miércoles y al mediodía ya se quería votar.

La perredista dijo que con esta ley en lugar de propiciar una política hídrica que satisfaga la garantía del acceso al agua, "es toda una política hídrica tendiente a la privatización, a las concesiones; se eliminan las asignaciones y esto tiene que ver con dar a diferentes empresas concesiones", comentó.

De manera paralela, la perredista criticó la figura de los trasvases —llevar agua de un lugar con exceso de agua a otras zonas donde no la hay— porque no se explica el uso que se les dará, ni en que zonas serán.

"Esta iniciativa pretende concesionar los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como Grupo Higa, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas señalado en el artículo segundo constitucional, como el caso de pueblo Yaqui y el Acueducto Independencia. La propuesta sustituye la palabra asignación por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de concesión por 30 años", comentó Alavez.

El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI), dijo que las reservas del dictamen serán discutidas en el pleno y rechazó que esta ley vaya a privatizar el agua. Contempla garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país.