Organizaciones sociales, académicas y el Observatorio Ciudadano del Agua alertan sobre las implicaciones que tiene el dictamen de la nueva Ley,
GUADALAJARA, JALISCO (12/MAR/2015).- El dictamen que hoy está en suspenso en la Cámara de Diputados para dar vida a la Nueva Ley General del Agua, restringe el derecho al agua a 50 litros por persona de manera prorrateada, es decir, con tandeos. Así lo establece el artículo 10 y 49 del dictamen, que fue analizado por Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario que hoy trabaja para colectivos ciudadanos que piden desechar ese dictamen.
La mañana de este jueves diferentes organizaciones sociales como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el colectivo Tomala Ciudad, Ciudad para Todos, Colectivo de Abogados y la agrupación Salvemos Temaca, se hicieron acompañar de académicos de la Universidad de Guadalajara, el Iteso y la Univa para pedir a los legisladores nacionales que archiven el dictamen que contiene una ley que "profundiza y agrava el proceso de privatización del agua", comentó María González.
Pablo Montaño, de Ciudad para todos, comentó que este dictamen prioriza el agua como una mercancía o un medio para obtener mejores ganancias en los procesos productivos. Sin embargo, no existe una idea clara del derecho humano a este líquido. Lo preocupante, dijo, es que se deja el derecho al agua en 50 litros cuando la Organización Mundial de la Salud mantiene un criterio de 100 litros por persona al día, como un mínimo vital para subsistir.
José Luis López Parra, académico de la Univa, lamentó que esta ley fuera creada exprofeso para legitimar el proceso de ''fracking'', como se le conoce al proceso de fracturación hidráulica del subsuelo en la búsqueda de gas shale. Este tipo de proceso ha sido condenado y prohibido en América del Norte y Europa porque los niveles de contaminación que arrojan pueden pulverizar ecosistemas enteros.
Por su parte, Mario López fue el académico del Iteso en la sala de juntas previas del Congreso del Estado. En la rueda de prensa, comentó que ellos como organización se suman al rechazo que ya planteó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque la ley prohíbe la investigación científica del agua y sólo permite que la Comisión Nacional del Agua asuma la responsabilidad de la planeación, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas en el sector hidráulico, lo que contrapone la gobernanza y el proceso democrático que estipulan las leyes.
Lo que dice la nueva Ley General de Aguas
Restringe el derecho humano al agua. Lo deja en 50 litros (Artículos 10 y 49)
Permite a particulares trasvases directos (Articulo 116)
Permite concesiones de megaproyectos hidráulicos (Artículos 129 y 132)
Permite la contaminación de ríos "siempre que no rebasen la capacidad de asimilación" (Artículo 142)
Permite el uso de la fuerza pública para ejecutar obras de Conagua (Articulo 263)
Se permite el despojo de comunidades que se opongan a hidroeléctricas (Artículo 126, 127, 129)
Obstaculiza el estudio científico del Agua (Artículo 262)
