La Comisión de Derechos Humanos del DF refirió que reconocer un derecho sin establecer mecanismos para garantizarlo, genera incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó al Congreso de la Unión a establecer las condiciones jurídicas y organizativas del Estado, con el fin de que todas las personas puedan ejercer el derecho humano al agua.

Planteó que se debe recordar en todo momento que un derecho reconocido que carezca de los mecanismos institucionales apropiados para garantizarlo, generaría el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en la materia. 

Para esa comisión, el actual proceso legislativo es una oportunidad para que los legisladores elaboren una Ley General de Aguas que garantice la disposición de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, de las personas que habitan y transitan por el territorio nacional.

Para ello se deben tomar en cuenta los principios de igualdad de género, no discriminación, atención de grupos en situación de vulnerabilidad y la sustentabilidad de los recursos hídricos, de acuerdo a la observación general 15, adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Instó a mantener en todo momento el enfoque de participación de la sociedad, de la ciudadanía, desde el diseño de las leyes y las políticas públicas hasta su implementación y evaluación.

La CDHDF destacó la importancia de la participación respecto al derecho al agua, como elemento esencial para comprender adecuadamente las dimensiones apropiadas de su regulación.

Pidió por ello una participación inclusiva, activa, libre y significativa, con oportunidades razonables para influir en la toma de decisiones.

Esa comisión expuso que una Ley General de Aguas que tome en cuenta los aportes de estos sectores fortalecerá la democracia, las formas institucionales de participación ciudadana en la toma de decisiones en los asuntos públicos y, fundamentalmente, un adecuado ejercicio del derecho al agua que permita su goce y sustentabilidad.