MÉXICO, 13 de marzo (Al Momento Noticias (http://www.almomento.mx/)).­ El compás de espera abierto ante la presión social para que no se aprobara “al vapor” una nueva Ley General de Aguas, cuya legislación secundaria regule precisamente el derecho humano al agua, tal y como se previó desde 2002, “debe dar paso a la celebración de audiencias públicas y foros estatales o regionales con el objeto de tener una auténtica visión y pulso social en los ámbitos técnico, científico, ambiental y económico”

La idea es “no solo quedarse con lo que se genere en San Lázaro, lugar en donde los propios legisladores que encabezan el debate oficial han confirmado que sí participará el sector privado en la gestión del agua en su modalidad de infraestructura”, sostuvo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de la agrupación de diputados afiliados a MORENA.

También integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el legislador señaló que lo que debe hacerse ahora es justamente impulsar la realización de foros en los que participen directamente los sectores involucrados, incluidas las poblaciones que padecen la crisis del agua, y no las grandes organizaciones agrícolas y corporativas beneficiadas con los sistemas de riego, o los empresarios del agua.

Es pertinente, subrayó, llevar a cabo foros en las principales ciudades del país en donde el problema hídrico está presente: por ejemplo en Nuevo León, frente a la realización de la megaobra más onerosa en materia de infraestructura hidráulica que traerá agua del Río Pánuco: Monterrey IV; o en Veracruz, con los ciudadanos que luchan por la subsistencia de sus fuentes de trabajo y forma de vida en las riveras de los ríos.

De igual forma en San Luis Potosí y en Guerrero, en donde la ciudadanía se inconforma en contra de la minería tóxica que envenena el medio ambiente, incluida el agua; aquí mismo en Iztapalapa, en el Distrito Federal, en donde las familias enfrentan además del “tandeo”, una mala calidad del agua, apuntó Huerta Ladrón de Guevara.

Hizo ver que en esta ruta legislativa, se requiere que las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos propongan un calendario y una metodología para la debida organización de dichos eventos, a fin de que la Cámara de Diputados pueda recibir propuestas, opiniones e inquietudes de los más diversos sectores involucrados en tema del agua.

En este sentido el diputado federal adelantó que está presentando un Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, en el que exhorta a dichas comisiones dictaminadoras a trabajar en ese propósito.

Agregó que estas audiencias deben incluir, además de la sociedad en general interesada, a la mayoría de las instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo rector José Narro Robles “sencillamente no ha fijado postura ante el perjuicio y sanciones descomunales contra las científicos que se atrevan a analizar la calidad del agua para el consumo humano, sin el permiso de la Conagua, como se lo expresaron por escrito más de cinco mil científicos”.

Tendrá que considerarse también a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que ha contribuido a la elaboración de una propuesta de Iniciativa Ciudadana para la Ley General de Aguas, cuya esencia responde en forma integral a la grave problemática del agua, pero los legisladores simplemente han hecho “oídos sordos” al no haberla dictaminado junto a la denominada Ley Korenfeld­ Peña Nieto”.

Otra institución a tomar en cuenta, indicó, es la Universidad de Autónoma de Chapingo, principal formadora de ingenieros agrícolas y cuyo objetivo prioritario es la producción de la tierra con el indispensable uso del recurso hídrico.

Huerta Ladrón de Guevara recordó que “vimos en días pasados ante la inminencia de la pena de muerte en contra del derecho humano al agua, cómo los actores directamente afectados por el tema del agua, junto a familias plantadas en los accesos de San Lázaro, aunado a la postura enérgica de miembros de la ciencia, así como un sector de la una opinión pública sensible al tema del agua, pusieron en tela de juicio la acelerada decisión de la Cámara de Diputados y sus comisiones por dictaminar años después una nueva legislación en materia de agua potable y saneamiento, y ciertamente no les falta razón”.

Por supuesto, comentó, “comparto la decisión de que se haya aplazado por el tiempo que sea necesario” la discusión de un marco legal que responda verdaderamente a la problemática del agua, pues una incorrecta gestión del vital líquido ­en el marco de una crisis hídrica como la que hemos comenzado a padecer por escasas lluvias; baja de los niveles en las presas; extracción indiscriminada de mantos acuíferos, y contaminación del agua­ nos tiene frente a problemas sociales “altamente explosivos”.

Si frente a ello, la mejor respuesta del gobierno es ceder la gestión del agua al sector privado, anulando la participación social a través de las concesiones y su herencia permanente de las mismas sin mayor trámite, “simplemente estamos acercando la crisis del agua a la boca de las familias mexicanas”, concluyó el legislador.