Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se pronunciaron por la organización de un debate amplio, plural e incluyente sobre la iniciativa de la Ley de Aguas.
En un pronunciamiento dirigido a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, comunidad universitaria y opinión pública, los rectores José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, solicitaron que se escuchen las voces de todos los sectores del país, “a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.
Recordaron que los integrantes de las comunidades universitarias han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que, aseguran, “penalizan la realización de proyectos de investigación, favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas”.
Desde enero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados lanzó la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas.
Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.
En tanto, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron este día la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
Las organizaciones han señalado que la llamada “Ley Korenfeld” violenta derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha argumentado que el agua en México es un derecho humano, sin embargo en la nueva Ley se impone un nivel de 50 litros por persona para establecer su gratuidad, lo cual es menor al estándar internacional de 100 litros por persona.
Otro ejemplo, se prevé en el artículo 76 de la nueva ley la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago.
