En la guerra que en todo México se libra por el agua, las y los chihuahuenses han tenido importantes papeles. Así lo acabamos de ver en estas últimas dos semanas.
En ese conflicto se ha ganado una importante batalla: la movilización ciudadana y mediática logró detener la Ley Korenfeld, es decir, la iniciativa del Ejecutivo Federal –con grandes empresas detrás- para una Ley General de Aguas. Pero en cualquier momento el PRI y ese negocio disfrazado de partido político que es el Verde, pueden revivirla y con o sin discusión de por medio, imponerla en la Cámara de Diputados, con una pequeña ayudada de algunos de sus amigos panistas.
Esta es sólo una tregua dentro de esta guerra emprendida hace ya varios años. Y no se libra tan sólo en el poder legislativo y en los medios de comunicación. También y sobre todo se libra en defensa del agua de las comunidades indígenas y campesinas, o en contra de las grandes represas y los trasvases. O en contra de megaproyectos orientados sólo por el lucro, como la que libran las y los regiomontanos contra el proyecto Monterrey VI.
En esta guerra, ha habido chihuahuenses que por defender el agua como recurso de las comunidades han sido abatidos. El miércoles 25 febrero fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez, Alberto Almeida, empresario, barzonista, defensor del agua de su región, según las autoridades “para despojarlo de su camioneta.” Sin embargo, el pistolero profesional que lo liquidó de un solo balazo en el rostro, frente a su esposa aterrorizada, huyó sin llevarse el vehículo. En la lucha por defender el agua del río del Carmen en los municipios de Buenaventura y Ahumada en Chihuahua es la tercera persona que cae asesinada. Antes de él, en octubre de 2012 fueron ultimados Ismael Solorio y Manuelita Solís.
Alberto era un esforzado empresario de la desértica Villa Ahumada. Ranchero, restaurantero –como casi toda la población activa de la “capital mundial de los burritos”- Llegó a ser presidente de éste, el segundo municipio en extensión del país, y se distinguió por servir a su pueblo antes que nada.
Cuando en el verano de 2012 los barzonistas, encabezados por Martín Solís e Ismael Solorio empezaron su lucha por defender el agua del río del Carmen, ante las represas y extracciones ilegales de menonitas y rancheros acaudalados, Alberto vio con simpatía la causa y se unió a ella. Participó con entusiasmo en el bloqueo de la vía del ferrocarril, en la cabalgata a Chihuahua y otras acciones. Se llenó de dolor e indignación ante el asesinato de Ismael y Manuelita. Pero no bajó los brazos. Continuó luchando en su pueblo, sin mucha compañía, pues el grueso del contingente barzonista está en Benito Juárez.
Lo que no le perdonaron sus asesinos es que haya presentado varias denuncias ante la PGR tocando los intereses económicos de ellos. Una de ellas por perforaciones ilegales en el Rancho Santa Rita, lo que condujo a la clausura de varias perforaciones. También denunció el robo de energía eléctrica en varios predios.
Por eso lo mataron. Por defender el medio ambiente y el agua contra quienes sólo los consideran “bienes económicos”, mercancía.
En contraste, otro chihuahuense se ha colocado voluntariamente en el lado opuesto de la trinchera. Se trata del diputado federal por el PRI, Kamel Athié Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. A pesar de ser una persona con cierta sensibilidad social y de haber deplorado el asesinato de Alberto Almeida, fue quien encabezó el dictamen “fast track” de la iniciativa Korenfeld para la Ley General de Aguas. Quien luchó para que se aprobara, también por la vía rápida en San Lázaro. No aceptó discusiones, ni mucho menos debates públicos sobre el carácter privatizador-depredador del proyecto salido desde la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, la realidad en forma de protesta ciudadana, en la que participamos muchos paisanos de él, ha hecho que él, sus compañeros del PRI y del verde y sus patrones, se den un frentazo. Han tenido que posponer la votación sobre la ley para tiempos menos espinosos, pero esto no significa que van a dejar de imponerla.
Esto no basta. No podemos contentarnos con una defensa exitosa. Porque hay una alternativa al proyecto Korenfeld-Videgaray. Es la iniciativa ciudadana por una Ley General de Aguas propuesta por la coordinadora “Agua para tod@s” luego de una paciente elaboración por gente de la academia, de las comunidades, activistas y técnicos y ya presentada en el Senado y avalada por varias docenas de legisladores.
Parte de que el agua es un bien común de la nación, multidimensional, no sólo económico que no debe manejarse con fines de lucro. Se propone hacer efectivo el derecho humano al agua no en la cantidad de 50 litros por persona, como la Ley Korenfeld, sino en lo que marcan las normas internacionales de salud. Busca garantizar el agua para los ecosistemas, para la soberanía alimentaria, para la recarga de acuíferos. Respeta los derechos históricos de las comunidades sobre las fuentes hídricas. Promueve la participación ciudadana y la contraloría social sobre el recurso y pone los sistemas de agua potable en manos públicas y comunitarias. Desmonta el sistema de concesiones que conduce al acaparamiento, la sobreexplotación del agua y e lucro. Prohíbe los trasvases, así como destinar el agua al fracking y a la minería tóxica, entre otras cuestiones.
Por todo esto, se requiere una amplia coalición de fuerzas sociales y democráticas no sólo para poner el clavo final en el ataúd de la Ley Korenfeld, sino para hacer que la propuesta o las propuestas emanadas de la sociedad civil sean discutidas y aprobadas por el Congreso. Sería el primer revés de la furia privatizadora del peñanietismo.
