Guadalajara.- La iniciativa de Ley General de Aguas que ha presentado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por medio de las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde Ecologista, significa un expediente de privatización que vulnera los derechos de la población mexicana, advirtió la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

La también académica de la Universidad de Guadalajara destacó que esa iniciativa incorpora de forma declarativa la iniciativa de Ley Ciudadana de los diferentes colectivos que pugnan por garantizar que el agua siga siendo un recurso de todos; pero esto se hace de forma muy endeble y ambigua, de manera que quedan en el aire las posibilidades de ejercer esos derechos. En contraste, se ratifica la tendencia privatizadora que ha seguido el sector agua los últimos 20 años, pero también “con una peligrosa indefinición de aspectos como seguridad nacional, prioridades, ilegalidad y monitoreo lo que abre la posibilidad de que se use la Ley a discreción a favor de las empresas que están recibiendo las concesiones; estas últimas reciben títulos en que se les otorga un dominio casi total sobre recursos de la nación además de la propia agua, como sería la zona federal, el uso de materiales petros y la capa vegetal”, detalló.

La también premio Mérito Ecológico 2010, dijo que se confirma la tendencia a criminalizar cualquier protesta u oposición a las decisiones que tome la Conagua en materias tan delicadas como trasvases, monitoreo, racionamientos e imposición de tarifas que garanticen el negocio de los cocesionarios.

La iniciativa oficial ha sido “enviada al congelador” ante las numerosas protestas que desató, sin embargo, Gutiérrez Nájera alertó ante la posibilidad de que los promotores puedan hacer un proceso Fast Trackpara aprobar la nueva legislación de espaldas a lo que plantean los organismos sociales.  En el caso de Jalisco, el Congreso del Estado se comprometió a entregar la iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados para presionar para que no se dé el proceso legislativo sin consultar a los ciudadanos.