El debate sobre el agua parece resumirse en dos posturas diametralmente opuestas:

– Existe suficiente agua, aunque mal distribuida, y se requiere construir suficiente infraestructura básica a nivel local para dotar del líquido a la gente que carece de ella.

– El agua se ha convertido en un bien escaso; no existe en todas partes. El calentamiento global causa verdaderas tragedias humanas y se prevé que expulse una cantidad significativa de personas de las zonas impactadas por sequías, siendo posible pensar que se continúen generando conflictos en la disputa por el agua, especialmente en aquellas zonas donde una frontera política separa una región geográfica donde se compite por el agua. Aquí no es raro que la solución pretenda incorporar grandes obras de infraestructura, que además de los costos ambiental y social implican un control político y central sobre el agua.

Pero hay un tercer enfoque, que consiste en entender al agua como un sistema en que se considere la relación entre aguas superficiales y aguas subterráneas, y en éstas las formas de comunicación que son horizontales y verticales de mutua interdependencia, donde los ecosistemas son parte indivisible.

Este enfoque es una aportación de los debates contemporáneos de la hidrogeología; sin embargo, es necesario complementar esta perspectiva con un enfoque interdisciplinario en el que se reconozca el agua como un elemento híbrido natural y social. El debate en torno de la conceptualización de un ciclo hidrosocial del agua es necesario porque permitirá dimensionar mejor la dualidad que caracteriza al agua: su aspecto natural y su lógica social.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) basa sus análisis en una tecnología obsoleta, que –entre otras cosas– genera una concepción errónea de la unidad de manejo del agua subterránea: el acuífero y la cuenca, elemento que no permite planear de forma adecuada el manejo del agua porque sus límites son arbitrarios, y en la respuesta de su funcionamiento a la extracción sólo le preocupa el abatimiento del pozo, quedando la calidad química del agua usualmente fuera de cualquier consideración. Esto es, se inculca el olvido de que se requiere entender el origen del agua, cómo son sus flujos y cómo se modifica el sistema de flujo del agua cuando se extrae ésta, sobre todo en forma intensiva. Esta modificación también altera los ecosistemas y se ve reflejada en diversas respuestas negativas a otros componentes del ambiente. Y al manifestarse estos cambios se arguye el concepto de escasez, que, sin embargo, es manifestación clara de una falta de conocimiento y correcta gestión del agua.

La vieja tecnología ha generado un mal diseño de pozos y una falta de entendimiento de cómo funciona el agua obtenida en un pozo, lo que resulta como consecuencia de tener en algunos casos agua elevada en sales. Hoy se impone abordar el principio precautorio: si no sabes que hay y cómo funciona no debes lanzarte sobre el agua. Pero en México tenemos un fuerte déficit en los estudios sobre el agua subterránea y los verdaderos acuíferos y, por supuesto, de especialistas en la materia, y todavía más grave, una ausencia preocupante de conocimiento sobre el agua subterránea transfronteriza, porque algunas de las ciudades más importantes en la frontera, como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, comparten sistemas de flujo de agua subterránea con Estados Unidos, y ni siquiera la Comisión Internacional de Límites y Agua tiene autoridad para abordar formalmente el tema.

El discurso de la escasez facilita la privatización del agua generando costos elevadísimos para la sociedad. En Tijuana, donde la tarifa más alta es la de 0 a 5 metros cúbicos de agua, el litro cuesta 0.015936 centavos; si esa agua se compra embotellada cuesta de 5 a 10 pesos el litro, 1,593% de aumento en el caso de 10 pesos. Esto contradice el mandato constitucional de que el agua es un derecho humano.

Los límites del agua

Asumir que el agua responde a las fronteras políticas o a la orografía provoca confusión y el diseño de una mala política de agua. Evidentemente, esto ha significado someter la lógica del debate político, económico y diplomático del agua a una lógica esencialmente física, incluso determinista, lo cual permite ocultar la importancia del agua como elemento clave para la reproducción material de la vida social.

El trazado de las fronteras hídricas se ha hecho con base en las fronteras políticas, suponiendo que el agua en el subsuelo debe ajustarse a los criterios políticos; a esto debe agregarse el supuesto de que la influencia de la orografía continúa en el subsuelo limitando los sistemas de flujo de agua. El error de pensar que una sierra siega un flujo de agua ha llevado a no entender cómo se comporta el agua. Esto ha generado conflictos en la disputa por el agua, basados en escenarios mal planteados y mal manejados.

La Ley General de Aguas mexicana ha determinado que el país se organice con base en cuencas hídricas, lo cual es factible exclusivamente para el desarrollo relacionado con la política del agua superficial; sin embargo, el problema consiste en que las cuencas no necesariamente corresponden con el agua en el subsuelo, y limitan el análisis de los sistemas de flujo de agua subterránea, así que las decisiones que se toman con base en una cuenca son insuficientes y hasta erróneas para poder manejar el sistema de flujo. Es imperativo cambiar este criterio para poder tener un manejo científico y adecuado del agua superficial y subterránea como un conjunto.

Otro factor de conflicto se basa en la manipulación del agua sin considerar factores sociales, culturales, históricos y de manejo armónico del agua como parte indivisible del ambiente y la sociedad. Entre los casos serios están el del acueducto Bicentenario en Sonora, que despojará al pueblo yaqui para llevar agua a Hermosillo; el conflicto alrededor del abasto de agua a Monterrey; la presa que confrontó a Tamaulipas con Nuevo León, y no menos importante es la desestabilización ambiental en ambos extremos (toma y descarga) del sistema que ha creado el Plan Cutzamala para dotar de agua al DF. No hay que olvidar los conflictos por agua subterránea, como en Tecámac, Estado de México, y en Morelos. En este último caso hay protestas sociales contra las obras hidráulicas para alimentar una planta hidroeléctrica.

Aunque hay una corriente en el mundo contra los efectos negativos que provocan las presas, en México continúa la construcción de La Parota (en Guerrero) y El Zapotillo (en Temacapulín, Jalisco). Esta última inundará los manantiales de la región y sus ancestrales usuarios tendrán que pagar por el agua a usar. Son construcciones que enfrentan fuerte resistencia social, porque afectarán el legado histórico de las comunidades.