Ciudadanos y gobiernos deben trabajar juntos para garantizar el acceso al agua, concluyeron expertos durante el Foro sobre el Derecho Humano al Agua en México y el Mundo, organizado por la CNDH.

En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los expertos coincidieron en la necesidad de implementar una política transexenal en el manejo del agua, en beneficio de los ciudadanos en su conjunto.

Los programas oficiales, dijeron, deben impulsar acciones concretas de los ciudadanos y los gobiernos, que ayuden a generar planes de beneficio social amplio, más allá de temas políticos.

Durante el panel “Análisis de la disponibilidad de agua a partir de estándares internacionales”, Rodolfo Godínez Rosales, director de la Sexta Visitaduría de la CNDH, advirtió que este derecho básico implica retos institucionales, legales, nacionales e internacionales.

Desde distintos espacios gubernamentales y de la sociedad civil, se trabaja en una nueva ley de aguas y para incorporar criterios internacionales a esa legislación interna, situación en la que la Comisión Nacional estará atenta.

Lo anterior permitiría garantizar el acceso al agua y al saneamiento, que son derechos humanos básicos, por su interrelación, interdependencia, progresividad y universalidad, conforme lo ordena el Artículo 4 constitucional.

Pero más allá de la ley, deben haber políticas públicas y presupuesto para que la gente pueda, específicamente, gozar de este derecho, acorde con un Estado democrático.

Advirtió que la disponibilidad del agua en México va a la baja, pues en 1950 era de 17 mil 742 metros cúbicos por habitante al año; mientras que en 2013 fue de tres mil 982 y para 2030 se proyecta que sea de tan sólo tres mil 800 metros cúbicos por habitante al año.

En el año 2010, alrededor del 66 por ciento de la población mexicana se encontraba en situación de estrés hídrico y además la escasez y sobreexplotación del abastecimiento de agua se agrava por la contaminación.

En torno de la sobreexplotación que realizan algunas empresas en entidades como la Ciudad de México, los expertos coincidieron en que para otorgar esos permisos la autoridad debe tener una base científica de largo plazo.

Tales medidas deben tomarse porque importamos agua de zonas lejanas y el 40 por ciento se pierde en el camino por fugas en la tubería de la red, fuera de los domicilios, y otro 25 por ciento se desperdicia en las instalaciones de las propias casas.