Suma Qamara corresponde a la manifestación de vida entre la población Aymara del Altiplano. Se traduce literalmente como “vivir en paz con uno mismo, con el otro, y con el medio”. La protección del medio ambiente era prioritaria por los pueblos indígenas de América Latina. El agua, un bien público precioso, era recolectada y distribuida a través de complejos sistemas ya en tiempos antiguos. Toda la comunidad tenía acceso al recurso. No había entonces una Constitución escrita, pero el agua se encontraba a disposición de la comunidad entera ya que se trataba de un derecho consuetudinario.
Quinientos años más tarde, el agua se ha convertido en un bien escaso y ya no se encuentra al alcance de todos. A pesar de que la región de América Latina es rica en fuentes y recursos hídricos, el servicio es desigual, su calidad se está degradando, no siempre resulta económicamente accesible, la administración del recurso deja mucho que desear, y el suministro se encuentra amenazado por vulnerabilidades climáticas, en especial aquellas relacionadas al derretimiento de glaciares y sequías.
¿Qué tanta importancia tiene el agua para la salud pública?
Una importancia vital. La carencia de saneamiento deviene en enfermedades, baja autoestima y marginalización. Estas son algunas de las razones por las que las Naciones Unidas (ONU) proclamaron el acceso al agua y al saneamiento un nuevo Derecho Humano en 2010. La Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define a dicho derecho más específicamente del siguiente modo: “El derecho humano al agua es el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”. Entre Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas se incluye desarrollar la accesibilidad al agua potable y saneamiento a fin de alcanzar a la mitad de la población que carece de tal derecho. Bien, aun así habría una “mitad” restante que quedaría excluida, aquellos a los que no lleguen los logros del ODM. Entre ellos hay un denominador común: se encuentran en asentamientos informales en áreas preurbanas o comunidades rurales dispersas de muy bajos recursos económicos. Se trata de un sector realmente pobre y vulnerable. Entonces surge necesariamente la pregunta: ¿cómo los alcanzamos?
En agosto de 2015 aprendimos a través de Leo Heller, un relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y de Dan Bena de la Fundación PepsiCo, en la Semana Mundial del Agua, que “el sector del agua y el sector de los Derechos Humanos hablan lenguajes diferentes. Reunirlos no ha sido una tarea sencilla”. De hecho, aún existen dudas en cuanto a qué abarca este derecho y quién es responsable de asegurar su implementación. El Sr. Heller, por su parte, ha enfatizado que este derecho se encuentra gobernado por una serie de principios generales: i) Igualdad y No Discriminación (todas las poblaciones tienen derecho a disponer de servicios de agua y saneamiento); ii) Rendición de Cuentas (tanto los usuarios como los no usuarios deben recibir información); iii)Sostenibilidad y No Retrogradación (el derecho debe ser mantenido aún en situaciones de emergencia, sequía o desplazamiento de la población); iv)participación ciudadana (un medio a través del cual la gente pueda reclamar por su derecho al agua potable y saneamiento efectivo).
Si bien estas reuniones resultan necesarias, la promoción sola no alcanza para lograr la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento. Proveer agua no es un acto caritativo, sino una obligación legal. Es por esto que el BID y sus socios en AquaFund (el Ministerio de Finanzas de Austria, la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, y la Fundación PepsiCo) cuentan con el fondo como instrumento para sentar las bases para habilitar el proceso de generación de políticas en cada país, prepararlos para las inversiones necesarias, reforzar las instituciones de cada uno de ellos y empoderar a sus comunidades. De hecho, en AquaFund queremos acabar con intermediarios.
No creemos en un proceso de políticas verticalista que surjan desde arriba ni en una revolución que surja desde abajo. Para suministrar el agua como un derecho humano, es necesario el involucramiento de todos los actores. A la vez que la voz de aquellos que tienen necesidades debe resonar, las autoridades idóneas deben crear las condiciones que permitan que el servicio sea económicamente asequible en los asentamientos informales, áreas pre-urbanas, y comunidades rurales dispersas. El enfoque debería estar puesto en la provisión tanto a zonas urbanas como rurales de manera equitativa. Por deseable que esto suene, su implementación no se encuentra libre de desafíos: no debe dejarse de lado la búsqueda de soluciones para aquellos que no tienen los medios para conectarse a la red, aquellos que no comprenden la importancia de la higiene, y quienes no cuentan con las condiciones propicias para utilizar agua sin verse envueltos en una situación embarazosa, como las necesidades especiales femeninas.
El plan de acción de AquaFund es complejo pero articulado:
Un proyecto de subvenciones recientemente aprobado apunta a proveer una guía práctica y casos aplicables de la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento así como casos de aplicación básica.
En un plano más visible, AquaFund se encuentra comprometido con esfuerzos prácticos para mejorar la provisión de los servicios de agua y saneamiento en asentamientos informales en áreas periurbanas o comunidades rurales dispersas. En cuatro países de la región, especialistas están trabajando junto a instituciones gubernamentales locales y nacionales, y ONG relacionadas al agua locales e internacionales, para implementar servicios de agua y saneamiento a través de proyectos piloto. El objetivo es alcanzar soluciones con respecto al proceso de las políticas, rendición de cuentas, sostenibilidad del servicio, e involucramiento y participación por parte de la comunidad a fin de facilitar la implementación del servicio a gran escala en los sectores más pobres. El método es sencillo: implementar proyectos piloto financiados por AquaFund, aprender lecciones para replicarlos, desarrollar manuales prácticos con modelos de negocios aplicables, y otorgar préstamos a las empresas que suministran los servicios para aquellas inversiones que se basan en la información recogida de las intervenciones piloto.
Parte del esfuerzo por implementar el derecho humano al agua y al saneamiento es el Proyecto piloto para la recuperación y modernización del antiguo sistema de agua de la población Aymara en los Andes centrales. Otro proyecto interesante de AquaFund se está llevando a cabo en Perú: la extensión del acceso al agua y al saneamiento a los hogares vulnerables. El proyecto seleccionó cuatro áreas piloto en el país: rural, periurbano, costero y del altiplano. Allí la asistencia técnica promueve el uso de agua y saneamiento para diversos fines: duchas, fregaderos de cocina, e inodoros y facilita el acceso a esas mejoras mediante una línea de microcréditos y educación para la higiene.
Entonces, ¿cuál es la particularidad de la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento? ¡Necesitamos presencia en el terreno! Tenemos que lograr que se oigan las voces de los necesitados, que puedan conectarse con quienes toman las decisiones, y asistir al desarrollo de modelos prácticos para proveer un servicio asequible y sostenible.
