Un paro nacional 48 horas de trabajadores de los servicios de agua potable inició hoy la federación sindical del sector, contra la posible privatización de la empresa estatal del rubro de la capital peruana.

La Federación de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú (Fentap) inició la protesta por considerar que el gobierno prepara la privatización encubierta del Servicio de Agua Potable de Lima (Sedapal) "descuartizándola" en cuatro partes, según el parlamentario de izquierda Manuel Dammert.

El secretario general de la Fentap, Luis Isarra, señaló que los trabajadores rechazan la privatización porque encarecerá el servicio y reducirá la cobertura por la lógica empresarial de lucro, de no invertir donde no es rentables, es decir en barrios pobres, donde 700 mil habitantes carecen de agua y alcantarillado.

Citó el ejemplo del fracaso de la privatización del servicio en la ciudad de Tumbes, en el extremo norte de la costa peruana y donde las tarifas se incrementaron desmesuradamente y la cobertura cayó de 82,7 a 80,22 por ciento, por lo que la empresa está revirtiendo al municipio.

Para los opositores de la privatización, la imagen de Sedapal ha sido desacreditada con la negación de recursos para su desarrollo y con la tercerización -contratación de servicios externos- de varias de sus actividades sin eficiencia, lo que motiva quejas de la empresa, todo con el fin de preparar condiciones para privatizarla.

El ministro de Vivienda, Francisco Dummier, negó que el gobierno pretenda privatizar Sedapal, aunque el organismo de promoción de inversiones confirmó haber admitido cuatro proyectos privados de gestión del servicio de agua potable para Lima que ese ministerio analiza en forma reservada.

El dirigente Isarra señaló que las privatizaciones de servicios públicos han sido nefastas y mencionó los casos de la telefonía y la electricidad, cuyas tarifas están entre las más elevadas de Latinoamérica y señaló que no puede ocurrir lo mismo con el agua, cuyo acceso es un derecho humano fundamental.

Agregó que solo diez por ciento de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen sus servicio de agua en manos de empresas privadas y en ese porcentaje la tendencia es que vuelvan a manos del Estado, como ocurrió en urbes como Francia, con notables resultados.