La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el despilfarro en tiempos de sequía de 13 millones de metros cúbicos de agua al año que la minería ilegal devuelve a la naturaleza contaminados por sustancias como mercurio y cianuro.
Así lo manifestó el defensor del Pueblo encargado, Alfonso Cajiao, en una rueda de prensa en la que afirmó que los hallazgos de los elementos tóxicos se hicieron en zonas rurales de los departamentos de Bolívar, Cauca, Antioquia, Chocó y Córdoba, tras una brigada humanitaria de inspección.
"Se está haciendo uso indiscriminado de cerca de 13 millones de metros cúbicos de agua que regresan a los ríos completamente contaminados con mercurio y cianuro", afirmó Cajiao.
El organismo defensor expresó también su preocupación por el derrame de combustibles como la gasolina y Aceite Combustible Para Motores (ACPM), utilizados para el funcionamiento de dragas y retroexcavadoras, así como la emisión de gases causantes de efecto invernadero por la quema de los hidrocarburos.
Cajiao destacó también la deforestación de bosques naturales y ecosistemas que pierden anualmente en promedio 16.700 hectáreas por culpa de la minería ilegal, que también afecta actividades básicas como la pesca y la agricultura, especialmente golpeadas por el fenómeno de El Niño.
La Defensoría hizo un llamado de atención a las autoridades locales sobre la minería ilegal en general al asegurar que "hay 350 títulos de concesión minera sin licencia ambiental".
El funcionario afirmó que la "preocupación es enorme" pues la minería ilegal causa un impacto muy negativo sobre el ecosistema, vulnera los derechos de los trabajadores y permite "el fortalecimiento de los grupos armados ilegales alrededor de este negocio".
"Hay injerencia de los grupos armados ilegales, quienes generan extorsiones mediante el cobro de tarifas por el volumen de producción y el uso de la maquinaria", apuntó Cajiao.
Según el Gobierno colombiano, las mafias de la minería ilegal obtienen aproximadamente 7 billones de pesos al año (unos 2.078 millones de dólares).
El llamado del defensor del Pueblo es para que las autoridades locales "tomen cartas en el asunto" porque "llegará un momento en el que la minería ilegal será el mayor causante de la pérdida de agua en Colombia".
