Un hecho básico, que todavía no ha recibido suficiente atención, es que la insuficiencia de agua (en especial para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento) se debe primordialmente al ineficiente suministro de servicios más que a la escasez de agua. La falta de servicios básicos se debe a menudo a la mala gestión, la corrupción, la falta de instituciones apropiadas, la inercia burocrática y a una falta de nuevas inversiones tanto para el fortalecimiento de los recursos humanos como en infraestructuras físicas. El abastecimiento de agua y el saneamiento han recibido recientemente más atención internacional que el agua que se usa para la producción de alimentos, a pesar del hecho de que, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la agricultura representa el 80% del uso total del agua. Cada vez hay un mayor consenso en los círculos del desarrollo en que la escasez de agua y el aumento de la contaminación son, en gran medida, problemas inducidos social y políticamente, lo que significa que hay cuestiones que pueden tratarse por medio de cambios en la demanda y el uso del agua y a través de una mayor sensibilización, educación y reformas en la política del agua. La crisis del agua, por tanto, tiene cada vez más que ver con la manera en que nosotros, como individuos y como parte de una sociedad, administramos el acceso y el control de los recursos hídricos y sus beneficios.
Bajo este marco de referencia, la Gobernanza puede ser definida como la capacidad del gobierno de prestar servicios además de formar, establecer y hacer cumplir normas. La gobernanza del agua se refiere a la gama de sistemas políticos, sociales, administrativos y económicos establecidos para la gestión de agua y prestación de servicios. Dependiendo de la forma en que los países manejan sus recursos hídricos, se determinan las condiciones de salud de sus habitantes, el éxito de sus economías, la sostenibilidad de sus recursos naturales y sus relaciones con países vecinos. Una adecuada gestión del agua trae consigo beneficios tangibles a un país. Por tanto, la buena gobernanza es el principio fundamental para desarrollar y gestionar los recursos hídricos y la prestación de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad.
En su primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo (2003), las Naciones Unidas declaró firmemente que la "crisis del agua es esencialmente una crisis de gobernabilidad y las sociedades se enfrentan a una serie de desafíos sociales, económicos y políticos sobre cómo gobernar el agua de manera más eficiente". La falta de una gerencia efectiva entre estos sectores interdependientes puede dificultar la concepción y aplicación de reformas en políticas del agua. Si bien es evidente que se deben tomar acciones drásticas, en la práctica los problemas del agua son bastante complejos y nada fáciles de resolver.
Si bien el gobierno tiene responsabilidades generales, los actores no estatales, ya sean actores del sector privado u organizaciones no gubernamentales, han sido más sobresalientes en la gestión del agua, la asignación de recursos y la organización de la prestación de servicios. El proceso de integración de la gestión de los recursos hídricos está madurando; actualmente las sociedades son más conscientes de los problemas de escasez de agua y la forma en que son interdependientes. El suministro de agua y la gestión de los sistemas hídricos son asuntos de naturaleza compleja, estos involucran numerosos actores a diferentes niveles y son los contextos políticos e institucionales de un país los que les dan forma.
En muchos países, las reformas para la gestión eficaz del agua se ven obstaculizadas por la asignación poco clara de funciones y responsabilidades, la fragmentación territorial y la limitada capacidad a nivel local. La gestión de los recursos hídricos implica la comprensión de sistemas complejos con componentes humanos y naturales. Para manejar estos sistemas con éxito, debe asegurarse un eficiente trabajo en equipo entre instituciones con intereses y experiencia divergentes.
Las políticas del agua deben adaptarse a las características, preocupaciones e intereses locales. Ya sea en países desarrollados o en vías de desarrollo, sin importar si el agua es escasa o abundante, se deben cuidadosamente identificar los desafíos con el fin de generar respuestas y soluciones apropiadas. Para hacer frente a estos desafíos, los países han de hacer un balance de las lecciones aprendidas, identificar las buenas prácticas y desarrollar herramientas para crear políticas que sean eficaces, justas y sostenibles. Estas soluciones deben ser desarrolladas e implementadas por todas las partes y a todos los niveles de gobierno.
Particularmente en Venezuela, fue sancionada la Ley Orgánica Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable y Saneamiento, en el año 2001 y la misma sufrió una reforma el año 2007, ella tiene por objeto regular la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como establecer el régimen de fiscalización, control y evaluación de tales servicios y promover su desarrollo, en beneficio general de los recursos hídricos y la protección del ambiente, actividad que será de exclusiva competencia de la casa matriz Hidroven y sus respectivas filiales. Sin embargo, la mencionada ley carece de reglamento y ha generado un vació jurídico al no haber creado la Oficina Nacional para el Desarrollo de Servicios de Agua Potable y saneamiento, así como como la Superintendencia Nacional de Agua, en ese sentido no se ha producido tampoco la transferencia de competencia en la prestación de servicio de agua y saneamiento a los gobiernos locales, particularmente aquellos que poseen predios rurales por lo que actualmente aproximadamente unos cuatro millones de venezolanos que habitan en el espacio rural no tienen acceso al agua potable y saneamiento ya que no se definen competencias en la prestación del servicio, y los ciudadanos no encuentran donde acudir porque la instancia que atendía esas peticiones la Gerencia de Acueductos Rurales fue suprimida al promulgarse la Ley.
