Concebido a partir del Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas, realizado en Curitiba, Brasil, en 1997, el Día Internacional de Acción, apunta a enfrentar la creación de nuevas represas, una de las causas más importantes de la deforestación en el planeta.

Las represas con muros de embalse superior a los 15 metros, son en el planeta entre 45.000 y 48.000, todas con capacidad de almacenar el agua fluvial con embalses que superan los 400.000 kilómetros cuadrados de suelo, embalses que han inundado millones de hectáreas de bosque, en especial en la zona tropical.

Las organizaciones ambientales afirman que los beneficios que obtenemos de las presas traducidos en energía eléctrica y almacenamiento de agua, tienen por contrapartida costos sociales y ecológicos altísimos que van desde el desplazamiento de poblaciones por inundación a la pérdida de ecosistemas y servicios ecosistémicos en forma de parcial a absoluta.

La interrupción de la dinámica natural con barreras artificiales altera los ecosistemas fluviales desde la cabecera de los ríos hasta su desembocadura, alterando procesos naturales de erosión y transporte de sedimentos, régimen de caudales e incluso la calidad del agua, obstaculizando el movimiento natural de flora y fauna autóctona y favoreciendo la adaptación de especies exóticas de aguas enlentecidas.

Restaurando los ecosistemas fluviales

Con la iniciativa original de 20 países, a los que se han ido sumando nuevas naciones, el foco está puesto en la declaración “12 razones para excluir a las grandes represas hidroeléctricas de las iniciativas de energía renovable”, un documento distribuido por la Red Internacional de Ríos (International Rivers Network, IRN), Amigos de la Tierra Internacional, Ríos Vivos y Oxfam America entre otras organizaciones internacionales.

Básicamente la declaración recuerda que “las grandes represas hidroeléctricas no reducen la pobreza; agotarán los fondos para nuevos proyectos de energía renovable; los promotores de grandes hidroeléctricas subestiman los costos y exageran los beneficios; son obras de tal magnitud que aumentan la vulnerabilidad al cambio climático, y no producen beneficios de transferencia de tecnología”.

En el polo opuesto, sus supuestos beneficios son en realidad impactos sociales y ambientales negativos, en tanto “los esfuerzos de mitigación de impactos fallan y los grandes embalses pueden emitir cantidades significativas de gases de efecto invernadero”.

En sus conclusiones el documento señala que “la construcción de las grandes represas es lenta, despareja y cada vez más costosa; muchos países ya son dependientes en demasía de la hidroenergía; y las grandes hidroeléctricas resultan no ser renovables debido a la sedimentación”.