Activistas y algunos de los 22 mil habitantes de los siete municipios afectados (Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures) arribaron la tarde del sábado al ejido de Bacanuchi, el punto más cercano a la mina Buenavista del Cobre, para protestar por la falta de remediación de los daños por Grupo México y el gobierno federal, luego que se cumplieron dos años del derrame de millones de litros de tóxicos al río Sonora.

Los integrantes de los Comités Cuenca de Río Sonora (CCRS) expusieron las acciones para enfrentar jurídicamente a Germán Larrea y su consorcio minero de Grupo México, por provocar el mayor desastre ambiental en la historia nacional y no atender los compromisos que realizaron a través del Fideicomiso de Río Sonora.

Para conmemorar el segundo aniversario del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico en el río Sonora, se reunieron en Bacánuchi para firmar el documento donde se comprometieron a vigilar, evaluar y apoyar las actividades mineras defendiendo sus territorios y jurisdicciones ejidales.

Con leyendas de “Germán Larrea estamos en la lucha”, alrededor de 300 habitantes de los municipios del río Sonora acordaron fortalecer la estructura interna de los Ejidos, creando alianzas y formas de organización para su lucha contra la empresa minera que afectó su salud y sus tierras.

Agregaron emprender acciones preventivas para el reconocimiento de los derechos de sus ejidos y comunidades ante eventuales violaciones de derechos humanos por parte de los Gobiernos y empresas privadas.

Los principales delegados del CCRS declararon que existen 10 juicios de amparo promovidos en distintos juzgados de México y Estados Unidos, para exigir a Grupo México que atienda los daños que sufren en materia de salud, ecológica y económica.

También celebraron el fallo del Juzgado del Tribunal en Arizona, Estados Unidos, el cual señalaron como una victoria ante la lucha contra Grupo México, al poder acceder a los estudios especializados con los que podrán enfrentar la empresa minera mediante un litigio binacional.

Los miembros de los comités de los municipios Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, expusieron las 54 irregularidades con las que aún sigue operando la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, mismas que han ignorado las dependencias federales encargadas.

Sostuvieron su inconformidad por el incumpliendo del Fideicomiso del Río Sonora a cargo de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, continúan sin el abastecimiento de agua limpia, la falta de atención médica a los más de 360 afectados y la nula reactivación económica en la ganadería y agricultura, principal actividades productivas de los municipios afectados.