Esta semana se cumplieron 2 años de los derrames de la Mina Buenavista del Cobre de Cananea, propiedad de Grupo México y por supuesto que persiste una enorme deuda social para con los habitantes de la región afectada, pues dos de los compromisos centrales del acuerdo de resarcimiento del daño, han sido dejados a un lado.

Se trata del compromiso de construir y operar 27 plantas potabilizadoras a fin de garantizarle a los habitantes de la región que el agua que se entrega en los domicilios no representa un riesgo para su salud. Del otro es el de construir y operar la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que se supone debería estar operando en Ures desde hace meses.

Ninguno de esos dos compromisos, que representa la inyección de cantidades importante de dinero, pero sobre todo que representan un factor de recuperación de la confianza, se ha cumplido a cabalidad y la verdad es que esa situación mantiene en inestabilidad constante a los 7 municipios afectados.

La gobernadora Claudia Pavlovich abordó el tema, responsabilizando a la empresa de incumplir y apuntando que el gobierno del estado ha debido entrarle al quite, proveyendo de agua potable y atención médica a los 27 mil habitantes de esa región.

Y mire el asunto es importante de abordar con seriedad y con todo el peso de la oficina de la gobernadora, porque al final de cuentas es ella quien cede hacer que las cosas sucedan.

Yo como observador del problema desde un inicio, lo que tengo percibido es que Grupo México ha hecho 3 esfuerzos por tratar de pagar sus culpas y lavar su imagen, la primera de ellas fue aportar 2 mil millones de pesos para integrar un Fideicomiso que se asume sería el encargado de asumir precisamente los distintos esfuerzos de remediación, por una parte el económico causado a la región, por otra parte el social. 

Dentro de ese fideicomiso, en el que además hubo un compromiso claro de que la empresa aportaba esa  cantidad de dinero como la parte inicial, y que una vez agotada se aportaría otro tanto y de ser necesario un tercer pago, se supone que se establecían los compromisos directos, integrando precisamente a instancias del gobierno federal, del estado y los propios municipios afectados, quedando al frente del mismo un señor de nombre Rodolfo Lacy Tamayo, que encima de todo ostenta un alto cargo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, pues cobra ahí como subsecretario de planeación y política ambiental.

La empresa además asumió el tema de la limpieza de la cuenca del Río Sonora como compromiso aparte y encima debió pagar una multa cuantiosa, así como cargar con el compromiso de pagar el monitoreo de los niveles de contaminación de la zona por al menos 20 años.

Pues bien el tema de la limpieza tengo entendido que los trabajos se concluyeron y que el monitoreo, dirigido por las autoridades ambientales se realiza puntualmente. Tengo entendido también que en la parte del resarcimiento económico el mencionado fideicomiso entregó cantidades de dinero diversas a los afectados, partiendo de la lógica de quienes tenían negocios en la región y de quienes son pobladores y que tuvieron afectaciones en su patrimonio. Según el último reporte entregado por el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya y el delegado de la Secretaría de Economía, Luis Nuñez, esa parte ya concluyó y no existe modo en el que se proceda de nueva cuenta a la entrega de más dinero.

Bajo ese criterio falta entonces que se cumpla con las potabilizadoras y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, pasos en los que sin duda está involucrado el dinero de Grupo México, pero en donde tengo la sensación de que el mencionado Fideicomiso no ha cumplido a cabalidad con su trabajo.

Primero porque según el dicho de Cota Montoya, se han ejercido a la fecha 1 mil 250 millones de pesos, lo que significa que le quedan 750 millones por ejercer, es decir no se ha terminado el dinero que Grupo México aportó de inicio, razón por la que no se ha solicitado a la empresa que aporte la segunda parte del recurso comprometido. Y la verdad es que en ese gastar del dinero, creo que el problema es que hay una gran opacidad al respecto como se manejaron los recursos, lo que tengo entendido ha generado un conflicto entre la empresa y quienes manejan el multimencionado fideicomiso.

Se repartió dinero, y me dicen que un problema es que en ese proceso se anotó gente a la que no le correspondían recursos,  además se hicieron gastos de todo tipo, y estos no se han informado a nadie; pero lo peor del todo es que con los recursos a mano, no se han asumido con la seriedad suficiente la operación de la llamada Uveas, y mucho menos el tema de las potabilizadoras, en donde también existe un conflicto por determinar a quién se le comprarán, y cuál es la razón de elegir a esos proveedores.

Y sí, en el fondo de todo este debate se trata de un asunto de dinero e intereses, aspecto en el que por supuesto desespera que no haya nadie que sepa dar una razón de porque no se han hecho las cosas.

Creo que el mayor involucramiento de la gobernadora Pavlovich en el tema, y el hecho de que se haya decidido a alzar la voz para exigirle a la empresa y claro al famoso Fideicomiso que cumplan, no es un asunto que se pueda echar en saco roto.

Es más, me atrevo a decir que pronto, muy pronto aparecerán las respuestas que todo mundo espera en el caso de los derrames del Río Sonora.