En su V informe de gobierno, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, omitió una vez más hacer referencia al impacto que la política pública implementada por él, desde 2013, con la privatización del servicio de agua potable y saneamiento ha tenido en las diferentes esferas de la vida de la población, advirtieron María Eugenia Ochoa, de la Asamblea Social del Agua (ASA) y Argelia Arriaga, del Centro Universitario para al Prevención de Desastres Regionales de la UAP.
Ambas dieron así respuesta al mandatario estatal a través de un documento en el que aseveraron:
“No existe, en el informe que aparece en el portal del gobierno de Puebla, ni una sola referencia a las promesas y bondades que el gobierno planteó que iba a traer el proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento, ni en términos de la calidad del agua, ni de cantidad en cuanto al acceso de la misma, mucho menos informa sobre las múltiples quejas que tiene la ciudadanía sobre el incremento en las tarifas del agua, la deficiencia en el acceso a la misma dado el incremento en el tandeo o las deficiencias administrativas que presenta la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. para atender las demandas y necesidades de la población.
“El gobernador hace referencia al incremento de áreas protegidas durante su gestión, con las implicaciones que esto conlleva para la salvaguarda en recursos y bienes naturales como el agua; pero no existe información concreta sobre las medidas de protección y como esto beneficiaria al ciclo de regeneración hídrica, tema que preocupa sobremanera por los niveles de contaminación tanto de los mantos acuíferos como de las reservas hídricas en el estado producto de la autorización de actividades empresariales de alta explotación hídrica como las minas a cielo abierto, las hidroeléctricas, entre otras actividades conocidas como megaproyectos, llamados por los pobladores ‘proyectos de muerte”.
Agregaron que, en el apartado “Profesionalismo para construir el futuro de Puebla”, específicamente en la sección “Infraestructura de servicios básicos”, el gobernador hizo referencia a la inversión de su gobierno en acciones orientas al tema como: “… Destacan durante 2015 la construcción de drenes pluviales y una planta potabilizadora en la zona industrial de San José Chiapa, con una inversión de 171 millones de peso. (…) Adicionalmente, en la capital del estado destinamos 88 millones de pesos para rehabilitar y ampliar los sistemas de agua potable, en Santo Tomás Chautla, Santa María Xonacatepec, San Andrés Azumiatla; así como la construcción del colector pluvial en Francisco I. Madero y la ampliación del drenaje en La Hacienda. (…) Además, durante mi administración hemos invertido 688 millones en el saneamiento de aguas residuales”.
Pero no explica por qué esta inversión en infraestructura y servicios no la hizo la empresa a la cual se le concesionó el servicio, cuando una de las ventajas que se planteó al impulsar la privatización es que se incrementaría la inversión en infraestructura hídrica y para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado por parte de la empresa. Así en lo que se conoce de su informe no describe cómo ha incidido la privatización del agua en este ámbito y en por qué es el gobierno el que tiene que seguir invirtiendo en infraestructura y servicios que ahora le serán de rentabilidad a la empresa concesionaria, abundaron.
“Por lo que volvemos a concluir que el gobierno de Puebla ha violado el derecho humano al agua y saneamiento al entregar a su amplia gestión a capitales privados y transnacionales privilegiando intereses de particulares por encima del bien común”, selalaron.
Insistieron en que “la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento no sólo son una forma de entregar el control sobre el manejo, distribución y administración de un bien público estratégico, sino un mecanismo directo de transferencia de poder económico y político hacia la iniciativa privada, lo cual implicará mayor influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Se vuelve a hacer evidente la falta de transparencia y el acceso a la información sobre este proceso, lo que limita enormemente las posibilidades de la ciudadanía para ejercer sus derechos y coloca a la población en una condición de enorme vulnerabilidad e indefensión frente a la empresa”.
Advirtieron que la privatización del agua en el ejercicio de gobierno de Moreno Valle “ha contribuido a la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población con el incremento de las tarifas y de los niveles de empobrecimiento de las familias, lo que sigue colocando a Puebla como uno de los estados con mayores niveles de pobreza en el país, lo que tampoco considera en su análisis sobre la situación de pobreza en el estado y en donde sin presentar indicadores contundentes trata de mostrar avances”.
Resaltaron que, en este marco las organizaciones sociales que han venido actuando para enfrentar el proceso de privatización hacen énfasis en que el gobierno debe transparentar y hacer accesible a la opinión pública los contratos a través de los cuales concesiona un recurso estratégico como el agua, y otro tipo de actividades que por el uso y explotación de la misma es esencial que la ciudadanía estemos informados, como la minería, las hidroeléctricas, entre otras, haciendo también del conocimiento público, las implicaciones que este tipo de concesiones tienen para la vida individual y colectiva de la población.
