Bajo el argumento de “integración regional y desarrollo”, se está dando entrada libre a diversos proyectos hidroeléctricos en Mesoamérica, promovidos desde el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Global Environmental Facility (GEF), entre otros, todos éstos auspiciados desde varias instituciones federales y empresas privadas.

Esto no es casual, ya que responde a las históricas negociaciones entre los gobiernos de la región, de donde destaca el surgimiento del Plan Puebla Panamá (PPP) y su actual “fortalecimiento” con el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM). Así, tampoco es casual que al mismo tiempo que se está dando un proceso de privatización de las empresas estatales de agua y por tanto de su infraestructura, también se estén retomando viejos proyectos de presas y trasvases de grandes dimensiones.

La Cuenca del Rio Usumacinta en México forma parte de esos “proyectos renovados”. Desde 1956 se planteó la posibilidad de construir una presa en el Río Usumacinta, pero de acuerdo a documentos oficiales: se consideró que no era factible que Guatemala concediera permiso para inundar una superficie tan considerable, por lo cual se abandonó el proyecto en 1960.

En 1970, ante la justificación de una crisis energética, se realizó el Plan del Sistema Hidroeléctrico Usumacinta, en el que se proyectaron cinco presas en todo el cauce del río. La primera y más importante, sería la Presa Boca del Cerro, pero pocos años después de su planeación, fue abandonada debido a diversas prioridades políticas de la época.

Algunas décadas después, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) el proyecto fue retomado como parte de una negociación binacional entre los gobiernos de México y Guatemala, a la luz del Plan Puebla-Panamá (PPP), y se reactivó en su totalidad con el PM, surgido de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada en Villahermosa en 2008.

En documentos de la Comisión Federal de Electricidad (Programa de obras e inversiones del sector eléctrico), el proyecto de la Presa Tenosique (antes Boca del Cerro), es una realidad, ya que se planea concluir su construcción en 2017.

La Presa Hidroeléctrica se realizará a 9.5 kilómetros al suroeste del municipio. En una primera fase, el impacto directo de esta obra afectaría al Cañón del Rio Usumacinta, debido a que la cortina planeada inicialmente para una altura de 135 metros, estaría en esa zona.

Desde hace sesenta años -1956- y hoy en día, las consideraciones y estudios en torno a los daños ambientales y sociales han estado presentes por parte de diversas instituciones académicas, ONG’s, e incluso por el mismo gobierno.

De concretarse la construcción y funcionamiento de la presa, las afectaciones inmediatas se verían en el desplazamiento forzoso de una gran parte de la población, y para los pocos que lograran quedarse, su actividad productiva-la pesca y ganadería- prácticamente desaparecería. Sobra decir que para la cuenca baja, específicamente en los Pantanos de Centla, los daños serían irreparables.

Diversas organizaciones sociales en México y Guatemala han realizado intentos de movilización ante la amenaza que representa la construcción de la presa, y en reacción a los numerosos hostigamientos hacia las comunidades indígenas, situación documentada desde hace quince años por lo menos.

El escenario ante la realización inminente de la presa, es preocupante, ya que requiere una urgente difusión, y sobre todo un fortalecimiento de la movilización por parte de la sociedad civil. La construcción de la Presa ocasionaría una catástrofe ambiental en la totalidad de la Cuenca del Sistema Grijalva-Usumacinta. A nivel nacional el impacto también sería terrible, ya que el Usumacinta es la más importante reserva de agua dulce en el país, por lo que el acaparamiento del recurso hídrico ocasionaría un ataque directo a la biodiversidad y por tanto la prolongación de un conflicto socioambiental sin vuelta atrás..