El alcalde Edgar Castro aseguró que continúa el procedimiento para formular una controversia Constitucional en contra de la propuesta que exenta del pago de agua potable a las escuelas públicas.

La Dirección Jurídica analiza la viabilidad de concretar el proceso y evitar un golpe a las finanzas públicas del Simapag.

Y es que de concretarse la legalidad de la reserva que en la Ley de Ingresos del municipio de Guanajuato para el 2016, propuso el diputado Alejandro Navarro para que las primarias y secundarias públicas de la localidad no paguen agua potable, el organismo operador dejaría de percibir hasta 2.5 millones de pesos anuales.

Castro Cerrillo explicó que sigue adelante el análisis que permita definir si es viable o no la presentación de la controversia Constitucional, ya que es la forma en cómo la autoridad municipal puede defenderse.

Explicó que los recursos que dejaría de percibir el Simapag servirían para ampliar las redes de distribución y dotar del servicio a más personas, especialmente en colonias populares y comunidades rurales