La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido muy puntual para advertir de la crisis mundial ante el panorama perfilado por una menor disponibilidad de agua derivada de su escasez y una pésima repartición.

Como resultado de una mala gestión y administración de los recursos naturales, uno de cada cinco habitantes del planeta no tiene acceso al agua potable y además el 40% de la población carece de sistemas básicos de saneamiento. Hecho que lleva de la mano a cientos de enfermedades, un problema de salud pública.

A la utilización del agua, por elemental esencia, no puede dársele un tratamiento similar al de otros bienes y servicios donde su acceso es en la medida del ingreso, la regla funcional "del que tenga que lo compre".

La presunción de esta orientación es hacia donde parecen encaminarse las economías del siglo XXI con la privatización de los recursos naturales en todo el ciclo y otros únicamente en la parte relacionada con la dotación y administración; ello implicará cerrarle la llave a los pobres, los marginados, a miles de millones de seres humanos en situación de miseria que, al no poder pagar por el agua, no podrán obtenerla.

El marco de esta tensión nada deseable en un futuro próximo está llevando a varios gobiernos de modernas economías a tomar decisiones drásticas de restricción del consumo de agua para sus ciudadanos, con la meta de ahorrarla. Las campañas de educación en los medios de comunicación para penetrar las políticas públicas en torno al agua, parecen entrar a una segunda fase: la del incremento en el precio del consumo de agua de utilización doméstica por medio de establecer un parámetro de racionalidad severa.

De esta forma encontramos por ejemplo, las acciones de la Unión Europea (UE) en los planes comunitarios de ahorro de energía, sustentabilidad y optimización del agua.

La pretensión es obligar a un menor consumo por habitante imponiendo una tarifa promedio que de ser sobrepasada (en el nivel de consumo permitido) el usuario termine pagando por sus propios excesos.

Es decir, que los ciudadanos puedan usar únicamente hasta 60 litros diarios de agua en sus casas y cuando pasen del límite por ende paguen una penalización en su precio.

Para unos estará muy bien, para otros sería un nivel de racionamiento acuciante, pero todo es posible sobre todo cuando ya en Europa se empieza a hablar de hogares en pobreza no sólo energética, sino también de quedarse sin agua.

A COLACIÓN

De México y el agua, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que el país tiene deficiencias en la provisión de servicios básicos de saneamiento: "La privación del acceso al agua y los servicios de saneamiento es una crisis en la población menos favorecida".

México debe trabajar profundamente en mejorar el suministro de agua así como su calidad (se atrevería usted amigo lector a beber agua directamente de la llave de su casa) por supuesto la infraestructura y los niveles de almacenamiento.

La Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Ecología advierten que la disponibilidad de agua por habitante en México disminuyó más de 50% en los últimos 30 años, y se estima que para el 2025 se perderá otro 10% del vital líquido teóricamente disponible por persona.

El 78% del agua que se emplea en el país se destina al riego, las eficiencias en general son del orden del 33% y podrían incrementarse al 63% si existiera una técnica adecuada de aprovechamiento y optimización para uso de riego. Por alguna razón no la hay y me parece que el tema es cultural.

En varias entidades han contratado a técnicos israelitas expertos en el riego por goteo para evitar el desperdicio, la mala utilización del agua, empero, la problemática del riego agrícola no amaina.

Después está el otro boquete: el de los hogares urbanos evidenciando además esa mala distribución de los recursos muy de la mano del poder adquisitivo de la población.

En las colonias ricas sobra el agua y en las pobres falta; en las primeras se deja correr, en las segundas se paga gota por gota cuidándola hasta el milímetro. Quizá habría que copiarle el modelo a la UE y penalizar en cada recibo a los derrochadores del vital líquido.