El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala que las agresiones más comunes fueron dirigidas a activistas, seguidas por el ataque directo a organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Con 63 casos de ataques a ambientalistas, principalmente en el Estado de México, Sonora y Oaxaca, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) alerta que no han parado las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país, en su tercer Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que en 2016 "continuaron las agresiones ".
"México continúa siendo un país riesgoso para quienes realizan labores de defensa de los derechos, incluyendo los relacionados a la salud, a la vivienda, a la información y participación".
Las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.
Las agresiones más comunes fueron dirigidas a activistas (139), seguidas por el ataque directo a organizaciones de la sociedad civil y comunidades.
Los frentes ante megaproyectos que han generado el mayor número de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7).
Las afectaciones más reclamadas por los defensores -sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos- están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la subsistencia de los pueblos se ve amenazada, detalla el informe.
Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24%), seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno.
Entre las 63 agresiones, detallaron, se registró un homicidio en Chihuahua, en contra de un opositor a la tala clandestina.
43% de las agresiones provinieron de funcionarios o fuerzas de los tres órdenes de gobierno; el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos, no fue posible identificar a los agresores.
Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del CEMDA, señaló que "el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades quienes cometen las agresiones".
"La corrupción y la impunidad han sido señaladas como factores que propician las agresiones a las y los defensores del medio ambiente así como el incremento de los conflictos socio-ambientales por los intereses económicos implicados; otra causa de estos conflictos es el desequilibrio del poder entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales", finalizó el informe del CEMDA.
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Noticias Nacionales - Enero 2017 |
17 de enero del 2017 |
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