El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, anunció una controversia constitucional en caso de prosperar la reforma legal que quita facultades a los ayuntamientos sobre el manejo del servicio de agua potable. Ayer por la tarde acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local a entregar el escrito del acuerdo del Cabildo del pasado viernes donde se votó en contra del planteamiento impulsado por la administración estatal, por lo que hizo el exhorto al resto de los gobiernos municipales a actuar de la misma forma. “Si el 6 de febrero no logramos reunir la mitad más uno de los cabildos –de los 217 ayuntamientos- en el sentido de pronunciarse en contra de esta reforma constitucional, el camino que tomaría el gobierno de San Pedro –Cholula- es promover esa controversia constitucional”.
Entrevistado después de entregar la documentación del acuerdo del cuerpo colegiado cholulteca del pasado viernes, dijo que existe el riesgo que estén obligando a presidentes municipales a fabricar actas de Cabildo totalmente falsas y los regidores sesionen a puerta cerrada sin que se enteren los ciudadanos del sentido de la votación de los distintos integrantes de los cabildos.
Hizo el llamado a los ediles a no dejarse manipular dando a conocer que a través de publicaciones pagadas en diarios de circulación nacional y local, ha realizado el exhorto a velar por los intereses de la población. “Es claro que hay una trampa en esta reforma constitucional y lo que se pretende es seguir con esta tendencia privatizadora de los servicios públicos, ya lo concretaron la semana pasada a cinco municipios al quitarles facultades que la propia constitución señala que son exclusivas para los gobiernos y se continúa con esta tendencia perversa”. Dejó en claro que San Pedro Cholula está en contra de la propuesta que busca beneficiar al estado y en caso que en febrero no se logre que la mitad más uno de los cabildos de los 217 municipios se pronuncien en contra de la reforma constitucional, anunció la exploración de la vía legal vía una controversia constitucional. “En Puebla lamentablemente incluyeron una serie de términos jurídicos, con lo que es muy claro que se permitiría la privatización de forma más sencilla a favor del gobierno del estado”, sentenció. José Juan Espinosa dudó que 170 municipios hayan dado su aval a la reforma constitucional, esperando que no cedan a presiones de este servicio que corresponde al municipio. |