A la ONU le resultó preocupante que los congresistas no hayan podido llegar a los acuerdos necesarios para cumplir los plazos que se fijaron para aprobar la ley referida.
El proyecto de Ley General de Aguas que se alistaba desde la Legislatura pasada y que no prosperó debido a la oposición de algunas fracciones parlamentarias, en particular de la izquierda, por integrar elementos “privatizadores” será difícil de diseñar y es altamente probable que no avance en la LXIII Legislatura, reconoció el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Ignacio Pichardo.
Luego de reunirse en privado con el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Léo Heller, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el representante de organismo internacional externó su preocupación por que México no ha aprobado la legislación referida.
“Qué pasa porque ustedes tienen un mandato, tenían un mandato de 365 días que, finalmente, los obligaba a que tuvieran ya una nueva ley. Entonces, le platicamos cuáles son nuestras circunstancias como país, que complican una discusión en un tema tan importante para los mexicanos. Claro, claro. Sí le preocupa porque, una vez que está ya mandatado en la Constitución, la siguiente etapa sería bajar a tener una ley, mínimo, una ley reglamentaria, que es lo que yo le decía”, indicó.
Apuntó que el representante internacional aplaudió que nuestro país haya aprobado cambios al artículo cuarto de la Constitución para establecer expresamente el acceso al agua como un derecho humano; sin embargo, le resultó preocupante que los congresistas no hayan podido llegar a los acuerdos necesarios para cumplir los plazos que se fijaron para aprobar la ley referida.
Pichardo Lechuga indicó que se le explicó al también especialista, que México tiene un entramado institucional complejo, que a su consideración debe tener cambios a fin de avanzar un nuevo modelo del agua que se debatirá entre una serie de “intereses” muy diversos, que van desde las competencias de los municipios, los estados y la Federación en esa materia, hasta quien acusan visos de privatización.
Aseveró que el ordenamiento debía aprobarse desde la Legislatura anterior, pero no puedo avanzar debido a que se empató con el calendario político-electoral en el país, lo que alejó la discusión de los elementos técnicos y jurídicos que debían privar y “se empezó a contaminar de una discusión política”.
Aseveró que el compromiso de los legisladores en funciones quizás no será aprobar una Ley General de Aguas o bien, emitir solo la reglamentación del artículo cuarto constitucional, pero se procurará diseñar una plataforma de información, acuerdos y elementos técnicos que puedan servir de base para que, si hay posibilidad antes de septiembre del 2018 o bien, después de esa fecha, cuando se renueve el Congreso de la Unión, sus siguientes integrantes cumplan la misión de generar un ordenamiento integral en materia de agua.
Dicha “plataforma”, apuntó, podría estar lista en septiembre próximo, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones.
“Como tal no hay un proyecto que nos haya llegado así, por encargo, para poderlo debatir al interior. Lo que estamos promoviendo los diputados y las diputadas de las comisiones correspondientes, porque también está recursos hidráulicos, ha participado cambio climático, derechos humanos, es establecer un documento, una plataforma de discusión, que es lo que mencionábamos aquí al Relator”, apuntó.
Señaló que se buscará tomar en cuenta todos los puntos de vista e incluso retomar elementos de la iniciativa presentada en años anteriores y que se le atribuyó a uno de los ex titulares de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, que posteriormente renunciaría a su puesto por acusaciones de ejercicio indebido de sus funciones y recursos públicos.
Lo que la plataforma rumbo a una Ley General de Aguas no integrará, garantizó, serán los polémicos aspectos “privatizadores” que en su momento generaron rechazo a la legislación en su conjunto.
El punto que sí está a discusión, insistió, tiene que ver con qué cantidad de agua debe contar cada ciudadano, lo cual será una obligación directa del Estado mexicano.
“Hay una discusión internacional entre si son 50 litros diarios o cien, dependiendo la zona del país y que cada país es distinto, eso está ya contemplado, otra cosa es que se hablaba mucho en anteriores ocasiones de la bandera de la privatización, nosotros no estamos tocando nada, incluso la ley actual permite la subrogación de los servicios públicos municipales del agua, tal es el caso de Puebla, que se ha debatido, no estamos moviendo nada”, refrendó.
