Aunque el acceso al agua es un derecho constitucional, en decenas de comunidades de Oaxaca hay casos documentados donde utilizaron este recurso como una herramienta de control, castigo y venganza en contra de quienes -a juicio de las autoridades- violentan una norma, actúan en contra de los intereses de la autoridad en turno o sobre las comunidades vecinas en un conflicto agrario, político o social.
El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, señaló que el 60 por ciento de las quejas relacionadas con el acceso al agua tienen de fondo la utilización del vital líquido como forma de control y castigo.
Algunas de las quejas van en contra de autoridades de comunidades regidas por sistemas normativos internos, comúnmente conocido como usos y costumbres.
“Estas quejas se deben principalmente a que el corte de suministro de agua potable es establecido como un castigo o una sanción por un acto que la asamblea comunitaria o la autoridad consideren se ha cometido.”
Largo historial de abusos
Uno de los expedientes de la defensoría que da cuenta de este hecho es el DDHPO/1392/(06)/OAX/2012, contra la autoridad municipal de la agencia San Lázaro, Etla, la cual suspendió los servicios de agua potable y drenaje a una familia en diciembre de 2011, como castigo porque uno de sus integrantes perdió documentación importante para la comunidad.
Otro caso documentado por los medios de comunicación es el ocurrido a principios de abril de 2017 en San Sebastían Atatlahuca, Mixteca, en donde la autoridad municipal cortó el agua a un grupo de mujeres que impugnaron ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proceso de elección para reclamar su derecho a ser votadas.
Castigo abusivo
Rodríguez Ramos indicó que algunos de los motivos más frecuentas en los que la autoridad municipal justifica la cancelación del servicio del agua potable es la inasistencia a tequios o falta de cooperaciones para fiestas patronales.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Aunque el acceso al agua es un derecho constitucional, en algunas comunidades del estado es utilizada como una herramienta de control, castigo y venganza en contra de quienes -a su juicio- violentan una norma, actúan en contra de los intereses de la autoridad en turno o sobre las comunidades vecinas en un conflicto agrario, político o social.
El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, señaló que el 60 por ciento de las quejas relacionadas con el acceso al agua tienen de fondo la utilización del vital líquido como forma de control y castigo.
Algunas de las quejas van en contra de autoridades de comunidades regidas por sistemas normativos internos, comúnmente conocido como usos y costumbres.
Uno de los expedientes de la defensoría que da cuenta de este hecho es el DDHPO/1392/(06)/OAX/2012, establecido contra la autoridad municipal de la agencia San Lázaro, Etla, la cual suspendió en diciembre de 2011 los servicios de agua potable y drenaje a una familia, como castigo porque uno de sus integrantes perdió documentación importante para la comunidad.
En agosto de 2015 habitantes de las localidades Ojo de Agua y El Carrizal cortaron el suministro de agua potable a su cabecera municipal, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, para presionar en la solución al problema agrario que enfrentan con el municipio de Santa María Peñasco.
Rodríguez Ramos indicó que algunos de los motivos más frecuentas en los que la autoridad municipal justifica la cancelación del servicio del agua potabl es la inasistencia a tequios o falta de cooperaciones para fiestas patronales.
