Más de 1.000 comunidades en México se benefician de un proyecto que refuerza el desarrollo socioeconómico, poniendo al país más cerca de lograr sus objetivos de cambio climático.
Desde la firma el año pasado el histórico Acuerdo Climático de París como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha aumentado el apoyo mundial a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la silvicultura. "Invertir en los bosques es una póliza de seguro para el planeta", dijo entonces el ex Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. "Son fundamentales para nuestra futura prosperidad y la estabilidad del clima global".
Sin embargo, los bosques no sólo son esenciales para estabilizar el cambio climático mundial, sino que también desempeñan un papel igual de importante en proporcionar a las personas una fuente sostenible de subsistencia. Los bosques de propiedad y gestión comunales sirven como un vehículo para el empoderamiento, permitiendo a estas comunidades rurales establecer mecanismos de auto-organización más eficientes, convirtiéndose en agentes activos para mejorar su propia calidad de vida.
México, el segundo país más poblado de América Latina, actualmente ostenta el decimocuarto mayor producto interno bruto en todo el mundo. Aunque los indicadores económicos globales de México han mejorado constantemente en los últimos años, la pobreza sigue siendo generalizada, especialmente en las zonas pobres rurales que dependen de las áreas forestales como principal fuente de subsistencia. Los bosques del país son el hogar de aproximadamente 12 millones de personas - entre los más pobres y marginados de la población - incluyendo más de 1,5 millones de indígenas. Más de la mitad de los habitantes de los bosques de México viven en condiciones de extrema pobreza, con acceso limitado a servicios de salud, educación y caminos accesibles. Las comunidades locales actualmente poseen aproximadamente el 61% de los 88 millones de hectáreas de bosques del país. Sin embargo, muchos de estos bosques suelen ser aprovechados para la agricultura u otros fines y los residentes se quedan con las manos vacías, incapaces de cosechar los beneficios de los recursos disponibles en sus propios patios traseros.
El país es plenamente consciente de que el desarrollo futuro debe equilibrar la reducción de la pobreza con el progreso económico y la mitigación del cambio climático para que estas comunidades prosperen a largo plazo, y contribuyan a aliviar los impactos climáticos adversos a escala mundial. En 2012, México declaró su compromiso de alcanzar este objetivo en su contribución nacional (INDC), acordando poner fin a la deforestación en el país y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para el año 2030.
Para hacer realidad esta promesa, la Comisión Nacional de Bosques de México (CONAFOR), el Banco Mundial y la FAO han unido sus fuerzas en el Proyecto de Bosques y Cambio Climático (PBCC), una iniciativa innovadora bajo el paraguas del Programa Nacional de Desarrollo y la visión de REDD+ de México[1]. Trabajando en estrecha colaboración con las comunidades agrarias, que incluyen varios grupos indígenas y ejidos[2], este proyecto promueve estrategias sostenibles y productivas de gestión de los ecosistemas forestales. El concepto clave es fortalecer su capacidad de organización social, permitiéndoles aprovechar los beneficios económicos a largo plazo asociados con los recursos forestales, a la vez que contribuyen a la restauración del ecosistema, y a reducir emisiones dañinas.
El programa PBCC tiene tres componentes principales. El primero se centra en el diseño de políticas y fortalecimiento institucional para promover la colaboración intersectorial y mejorar la calidad de la asistencia técnica que se ofrece a los residentes. La segunda consiste en la consolidación de programas locales de manejo forestal a nivel nacional, orientados a ayudar a la población rural a generar ingresos y contribuir a la reforestación. El tercer componente gestiona la llamada Acción Temprana, que se centra en las medidas preventivas del proyecto en la península de Yucatán y la costa de Jalisco.
El experto agrícola de la FAO, Fabrice Edouard regresó recientemente de una misión de supervisión a la ciudad de Chetumal y áreas forestales en el estado de Quintana Roo. Allí realizó visitas de campo a comunidades donde el proyecto ha implementado acciones contra la deforestación y degradación forestal, y a favor de la gestión sostenible de los productos de madera. También participó en un taller con múltiples actores involucrados en iniciativas de reducción de emisiones y pago por resultados a lo largo de la Península de Yucatán, incluyendo a representantes de CONAFOR, agencias financieras mexicanas y organizaciones comunitarias, como parte del tercer componente del proyecto. "Estamos ante varias medidas complementarias –proteger las áreas forestales existentes, restaurar los recursos empobrecidos, y desarrollar la gestión sostenible de los productos forestales de madera y otros. Son actividades mutuamente beneficiosas que contribuyen a los objetivos mexicanos de reducción de emisiones y generan ingresos sostenibles para las comunidades pobres", aseguró Edouard.
En su quinto año de funcionamiento, esta iniciativa ya ha ayudado a más de 1.000 comunidades agrarias en un esfuerzo para transformar 1,2 millones de hectáreas en bosques gestionados de manera sostenible, creando con ello más de 9.000 puestos de trabajo.
"Mediante la mejora de los medios de subsistencia de las comunidades locales, este programa no sólo contribuye a fortalecer su tan necesaria resiliencia al cambio climático, sino que está sentando las bases para que México alcance sus metas climáticas en la línea de los objetivos globales", concluyó Edouard.
El coste total del Proyecto de Bosques y Cambio Climático es estimado en US $775 millones y la fecha de cierre se anticipa para el 28 de febrero de 2018.
[1] REDD+, que significa "Reducir las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques", es una iniciativa general de los países en desarrollo participantes, incluidos 18 países latinoamericanos, que reciben fondos de diversas organizaciones multilaterales para apoyar sus esfuerzos de reducción de emisiones forestales. La iniciativa REDD+ de México ha sido financiada por el Banco Mundial (a través de un préstamo específico y el Fondo de Cooperación para el Carbono Forestal/ FCPF), los Fondos de Inversión Climática (Programa de Inversión Forestal/ FIP), Noruega a través del Programa ONU-REDD (implementado por FAO y PNUD), y el Mecanismo Latinoamericano de Inversiones/ LAIF (mecanismo financiero de la Unión Europea y diversas instituciones de financiación del desarrollo).
[2] Los Ejidos son asociaciones de campesinos que son dueños de la propiedad común que les asignó el Estado durante el período de la Reforma Agraria.
