Entre latinoamericanos y caribeños sumamos unos 630 millones de personas, menos de una décima parte de la población mundial. Pero nuestra región contiene más de un tercio de las reservas de agua dulce del planeta, lo que se traduce en una disponibilidad per cápita de 23.000 metros cúbicos al año, un 300% más que el promedio mundial. Es tal vez por eso que solo en casos extremos, como las prolongadas sequías causadas por El Niño, reconocemos el verdadero valor de ese recurso vital.

La disponibilidad de agua es fundamental para América Latina y el Caribe. Alrededor del 70% de la electricidad que consumimos proviene de la generación hidroeléctrica, más que cualquier otra región del mundo. Muchos de nuestros principales productos de exportación dependen del flujo regular y suficiente de agua. Y, desde luego, la vida en nuestras ciudades, donde residen ocho de cada 10 de nuestros ciudadanos, no sería posible sin un abastecimiento confiable de agua.

A pesar de esta pronunciada dependencia, históricamente nuestros países no le han prestado gran atención a la seguridad hídrica, salvo cuando estallan emergencias que nos obligan hasta racionar el consumo. El problema se nota especialmente en el manejo de las cuencas hídricas. Allí se suele dar una verdadera tragedia de los comunes: por acción u omisión de muchos actores, se degradan o destruyen recursos compartidos que necesitamos todos, un cuadro que solo tenderá a agravarse con el cambio climático. Esto suele suceder, por ejemplo, en las partes altas de las cuencas, donde los daños ambientales causados por la deforestación no son remediados.

Afortunadamente, existe un mecanismo de acción colectiva para que este problema de nadie se convierta en responsabilidad de todos. En el 2011, entre el Banco Interamericano de Desarrollo, The Nature Conservancy, Fundación Femsa, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, formamos una alianza público-privada para crear e impulsar fondos de agua, un instrumento financiero y de gobernanza destinado a la conservación de fuentes de agua a través de soluciones basadas en la naturaleza (o lo que se conoce como infraestructura verde).

Los fondos apalancan recursos públicos y privados, invirtiendo los rendimientos financieros en proyectos de conservación: reforestación de laderas erosionadas, creación de áreas protegidas en zonas de alto valor ecosistémico, gestión de pagos por servicios ambientales a productores de una zona, capacitación y mejora de sus prácticas agrícola-ganaderas, entre otros.

En estos siete años hemos ayudado a crear y fortalecer 23 fondos de agua en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, y nuevas iniciativas se están gestando en países como Argentina y Chile. Estos mecanismos han movilizado a más de 200 organizaciones públicas y privadas para apoyar proyectos por más de 150 millones de dólares en cuencas que abastecen a más de 80 millones de personas.

Los recursos se están invirtiendo en una serie de proyectos de infraestructura verde que promueven la conservación de las cuencas y complementan las inversiones en infraestructura gris. En algunos casos, se están reforestando laderas altamente erosionadas; en otros se están creando áreas protegidas, diseminando prácticas agrícolas sostenibles o generando pagos por servicios ambientales.

El caso de Paraiba del Sur y Guandu en Brasil son un ejemplo alentador. Dichas cuencas comprenden un área de 6,6 millones hectáreas y aseguran el abastecimiento de agua potable a 14 millones de personas en la región de Rio de Janeiro. En 2014 y 2015, la disponibilidad del recurso alcanzó niveles mínimos, por causa de eventos climáticos extremos (sequía), poniendo en riesgo los sistemas de abastecimiento de agua dependientes de estas cuencas hidrográficas.

En ese sentido, el Fondo de Agua de Rio de Janeiro ha enfocado sus esfuerzos a fortalecer los proyectos de infraestructura verde, trabajando muy de cerca con el Gobierno, logrando la aprobación de un total de 15,7 millones de dólares destinado a inversiones por parte del Comité de Guandú y del Comité para la Integración de la Cuenca del Paraiba del Sur, con intervenciones para la protección, preservación, conservación y recuperación de manantiales.

El fondo de agua de Lima (Aquafondo) es otro ejemplo paradigmático. La capital peruana, con más de nueve millones de personas, es la segunda urbe más grande del mundo asentada en un desierto, después de El Cairo. La región, que recibe apenas nueve milímetros de lluvia al año, depende del agua que traen los ríos Chillón, Lurín y Rímac desde las sierras circundantes.

Gracias a la acción colectiva de diversos aliados, entre ellos el Aquafondo se logró una reforma al marco regulatorio de los servicios de agua, de tal forma que las empresas de agua, y de manera prominente Sedapal, la empresa de agua y saneamiento de la capital, destinara un 1% de su recaudación a infraestructura verde y un 3,5% (en promedio) a mitigación y adaptación al cambio climático. En los próximos cinco años esto representará inversiones por 25 y 92 millones de dólares respectivamente.

El progreso logrado por los primeros fondos de agua nos alienta a seguir apoyando su creación y fortalecimiento. Para el año 2020, esperamos crear y fortalecer un total de 40 fondos, hasta abarcar unas cuatro millones de hectáreas de ecosistemas clave y apalancar 500 millones de dólares para invertir en infraestructura verde.

De esta manera, estaremos dando un gran paso no solo hacia la seguridad hídrica de nuestra región, sino hacia una mejor calidad de vida para su gente.