CDMX.- La falta de agua en diversas delegaciones de la ciudad, el presunto uso político de este bien y la inminente temporada de estiaje, alertaron a la sociedad y a las autoridades, quienes toman decisiones para aminorar las afectaciones.
El gobierno capitalino tiene lista una inversión millonaria que se aplicará en la infraestructura hidráulica, además que ya comenzó a instalar los candados a los registros donde se encuentran las válvulas; en tanto que la Contraloría Ciudadana del Agua, comienza a tomar forma luego de tres años de estar considerada en Ley.
En los planes para mejorar el uso y abasto del líquido aún queda un pendiente: la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica, que fue aprobada el 24 de noviembre pasado, pero que el gobierno capitalino detuvo ante las acusaciones de que ésta abriría la puerta a la privatización.
REFUERZOS
Con una inversión de 336 millones de pesos, el gobierno capitalino tomará varias medidas para reforzar el abasto de agua ante la próxima temporada de estiaje, dio a conocer ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Durante una conferencia de prensa, anunció que 80% de las obras de infraestructura hidráulica se ubicarán en Iztapalapa, beneficiarán a 400 mil habitantes y se aumentará la capacidad de bombeo a 925 litros por segundo.
Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), presentó las tapas de registros de agua con chapas de seguridad y llaves milimétricas, las cuales serán colocadas inicialmente en 50 puntos.
Desde el pasado martes, se comenzó con la conformación de la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua, que pretende combatir la corrupción en el sector.
La Contraloría emitirá recomendaciones, incluyendo la revocación del mandato de un funcionario, cuando el caso lo amerite. Entre quienes dirigen el proyecto están Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana; Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM y exsecretario de Desarrollo Urbano del GDF; así como Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
