Mexicali.- Salvador Mena, don Chava, como le conocen en Mexicali, ha pasado su vida en el campo, cultivando trigo, criando gallinas y algunas vacas.

“No sé de otro tipo de negocios, yo no sé de una zapatería o de un mercado, desde siempre he estado dedicado a la agricultura, es lo que me enseñó mi padre y es lo que me ha gustado siempre”.

Hoy, dice don Chava, su fuente de ingreso y la actividad que sabe hacer están en riesgo.

En 2015, la empresa americana Constellation Brands comenzó a instalar maquinaria muy cerca del patio de su casa en el ejido el Choropo en Mexicali, Baja California. Meses antes el gobierno de Baja California firmó un convenio con esa empresa para que invirtiera mil 400 millones de dólares en los próximos años y así producir y comercializar las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, incluyendo Corona, la cerveza importada más vendida en EU.

El proyecto ofreció al gobierno estatal de Kiko Vega entre 3 mil y 4 mil empleos directos durante la fase de construcción y 750 puestos permanentes, pero su construcción arrancó a escasos metros del patio de don Chava y eso no solo enojó a este campesino, sino a muchos otros trabajadores del campo de la zona.

Constellation Brands es la compañía número tres productora de cerveza en Estados Unidos, con 70 años en el mercado. Tiene 40 plantas en todo el mundo, dos de ellas operan ya en México. La primera en Ciudad Obregón, Sonora, y la segunda en Nava, Coahuila, donde por cierto tampoco ha sido bien recibida.

En julio del 2016 el alcalde del municipio de Zaragoza, Coahuila, Leoncio Martínez Sánchez, acusó a la cervecera de provocar desabasto del agua que proviene de una comunidad llamada Las Albercas, desde donde llega a la planta cervecera a través de un acueducto.

El alcalde exhortó a las autoridades estatales a investigar la sobreexplotación de acuíferos y revisar las facilidades que en 2004 le fueron otorgadas a esa empresa para instalarse en el estado.

En Mexicali, dice don Chava, “vinieron a lo mismo, a robarse el agua”, asegura, mientras camina con su esposa por la tierra infértil que ha quedado en su rancho.

“Si yo antes levantaba siete toneladas de trigo por hectárea, ahora si acaso logro una tonelada, porque me falta agua, no tengo para riego y toda se la está llevando esa empresa, esa que está ahí”, señala don Chava hacia la cerca de la compañía cervecera.

En abril de 2016, los diputados de Baja California aprobaron la propuesta del gobernador para la primera fase del proyecto, la construcción de la planta. En el documento, los legisladores autorizaron “agua para la empresa por los próximos 50 años, un suministro de 20 millones de metros cúbicos anuales, así como insumos para la realización del proyecto, como energía eléctrica y gas natural”.

Solo el Valle de Mexicali utiliza 5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que Tecate consume 3.4 millones de metros cúbico cada año, por lo que don Chava y los campesinos que se integraron en la organización civil Mexicali Resiste comenzaron a realizar denuncias y protestas. El argumento, dice don Chava: “El gobierno le quiere dar 20 millones a esos gringos y dejarnos sin agua”.

En julio de 2017, integrantes de Mexicali Resiste se enfrentaron con policías estatales que resguardaban la zona de construcción de la planta.

En noviembre y diciembre Mexicali Resiste elevó sus protestas e incluso sus activistas tomaron por algunas horas las instalaciones de la planta. En enero pasado, la policía estatal se enfrentó a campesinos y activistas en el rancho de la familia Mena por lo que varias personas resultaron heridas y seis personas fueron detenidas.

El secretario de Gobierno, Francisco Rueda, afirma a MILENIO que estos enfrentamientos son provocados por “un grupo de manifestantes con un claro objetivo político y con una clara agenda de inhibir este tipo de inversiones con el argumento de que los campesinos se van a quedar sin agua lo cual es absolutamente falso.

“Se autorizaron los dictámenes de impacto ambiental y en este momento para 2018 tiene autorizado esta empresa el uso de 480 mil metros cúbicos lo cual significa que en esta etapa de construcción menos de medio millón está utilizando de agua, hasta llegar a un máximo autorizado de 7 millones en 2024”, dice el funcionario.

Nina Mayagoita, vocera de Constellation Brands, explico a MILENIO que lo aprobado por las autoridades es un asunto de retórica y que la empresa hará uso del agua destinada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos a la industria y que en una primera etapa se usará 1.75 millones de metros cúbicos de agua, cifra que se duplicará en una segunda fase del proyecto.

“Que la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) diga que hay una factibilidad de 20 millones no quiere decir que la autoridad me está diciendo que esos 20 millones son tuyos, eso quiere decir que sobre mi necesidad del recurso para producir, yo tengo la certeza de que este monto está disponible y que no voy a afectar a ningún tercero”.

Salvador y su esposa, quienes también se dedican al campo y han criado a dos hijos, tienen esperanza en que “los dueños de Constellation Brands vengan, nos den la cara, nos den soluciones para que no se lleven nuestra agua” y pronto, dice Don Chava, “pueda ver crecida mi cosecha, porque no pienso abandonar mi tierra”.

Constellation Brands se ha rehusado a sostener encuentros con los activistas del ejido El Choropo. Las autoridades estatales prevén construir en el Choropo un parque industrial donde participen otras empresas con inversiones por arriba de los 2 mil millones de dólares. Constellation Brands es la primera de ellas. Y los campesinos se siguen oponiendo.