Una nueva investigación de la UNAM devela más de 500 conflictos en el país
Un grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM bajo la coordinación de Víctor M. Toledo, ha realizado un nuevo recuento de los conflictos ambientales en México para el periodo 2012 a 2017. A través del análisis de noticias del diario La Jornada y otras fuentes de documentación, el estudio registró 1030 notas periodísticas que corresponden a 560 conflictos socio-ambientales.
Estos conflictos fueron ubicados en mapas y clasificados en diez categorías según el tipo de problemática. La lista la encabezan los conflictos generados por la minería (173 conflictos), seguidos por los del agua (86), de energía (74), los causados por proyectos mega-turísticos (49), los provocados por la expansión urbana (38),los relacionados con uso forestal (37), agrícolas (35), residuos tóxicos y peligrosos (34), la construcción de carreteras (16), pesqueros (10) y los biotecnológicos (8) (básicamente por la introducción de maíz y soya transgénicos).
Cada conflicto afecta asentamientos humanos y tiene consecuencias tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y propiedades, destrucción de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, afectación de mantos freáticos, lagunas, ríos o lagos, destrucción de fauna y flora, así como daños a los sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros. Cada conflicto ha provocado, en la gran mayoría de los casos, una respuesta de la población afectada y el surgimiento de redes de resistencia, así como la participación de asesores en materia científica y tecnológica, cultural y legal.
A su vez, los agentes provocadores de los conflictos han respondido con la negociación, pero también con la represión. Un estudio detallado llevado a cabo por Lucia Velázquez, una de las investigadoras participantes,reveló 99 ambientalistas asesinados entre 2000 y 2015, y existe un recuento de dirigentes y líderes presos injustamente. Los líderes y asesores que participan en la diferentes resistencias contra la privatización y el despojo de los recursos naturales o la afectaciones ambientales, enfrentan ya una estrategia de violencia tales como el secuestro y la privación ilegal de la libertad y la fabricación de delitos de prisión oficiosa.
Según un reportaje periodístico (La Jornada, marzo 14, 2016), que cruzó información de diversos centros de derechos humanos existen unos 350 opositores a mega proyectos que están presos de manera injusta. Esta forma de actuar se generaliza y reproduce por todo el país; los grandes consorcios (mineros, energéticos, turísticos, biotecnológicos, carreteros, etc.) que están detrás de los mega proyectos están en colusión con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para intentar detener y desactivar las resistencias ciudadanas.
La información, documental y geomática de esta investigación estará disponible próximamente al público y servirá de base para la creación de un Observatorio sobre Conflictos Ambientales en México de escala nacional y bajo un esquema participativo. Los investigadores participantes son David Garrido, Diana Manrique y Lucía Velázquez.
Para mayor información escribir a: shia_clu@live.com.mx
