El clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales

Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en el país tiene origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. “Los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”, afirmó Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).

En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), dedicada a los bosques en crisis, expuso la necesidad de conservar estos ecosistemas, que están en franco deterioro: 60 por ciento del territorio nacional es forestal, pero México no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales de forma sustentable.

Más de 60 por ciento del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros. “Representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica”. Presta servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales, dijo.

En lo social, detalló la antropóloga, las comunidades rurales dueñas de territorios forestales tienen un papel central en la conservación de bosques y selvas. “Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”. Gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian esos sitios.

La experta aseveró que cerca de dos millones de hectáreas de bosques, que representan 25 por ciento de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como de conservación.

Hay un enorme potencial. Debe involucrarse a las comunidades rurales que viven en esos entornos, por ser quienes tienen 25 por ciento de las denominadas áreas bajo aprovechamiento, remarcó.

Regulación pesada y costosa

Merino Pérez alertó que “el clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales”. La producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.

En relación con el tema de las áreas naturales protegidas (ANP), opinó que se tiene que avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las zonas de amortiguamiento, “para que la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa”.

Espacio de reflexión y debate

El SUSMAI es un espacio de reflexión y análisis académico, en donde dialogan expertos, representantes de comunidades locales y líderes de organizaciones no gubernamentales, todos ligados a asuntos ambientales. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales.

Actualmente, preparan un diagnóstico sobre la problemática del país, que será llevado ante quien encabece el próximo gobierno federal.