La ONU y otros organismos acusaron violaciones al debido proceso en el caso de seis defensores indígenas del agua, que han pasado más de una década en prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desistió de la acción penal en contra de los seis defensores del agua de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango Del Valle, que tienen más de una década en prisión.

Los seis defensores habían sido acusados del homicidio del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad mantenía una disputa por el agua del río Texcaltenco. Los acusados eran o habían sido representantes del Comité de Agua de Tlanixco y líderes del movimiento para evitar que los empresarios del municipio vecino, Villa Guerrero, se quedaran con las concesiones del río para sus negocios de flores.

A tres de ellos, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, los detuvieron en 2003. Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martinez, fueron aprehendidos en 2006. El juez primero en materia penal de Toluca con sede en el penal de Santiaguito, Maximiliano Vazquez Castañeda, emitió sentencia condenatoria para los seis por 50 años de cárcel.

Pero el caso llegó a la ONU, a través del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa. Tras el análisis del expediente judicial, la ONU-DH consideró que la justicia mexicana no había observado el derecho al debido proceso, y que la secuencia de violaciones durante la investigación, como basarse en testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos y no considerar la condición de indígenas de los acusados, podía entenderse como una criminalización de los defensores.

Frente a la presión que generó esta postura de la ONU y el apoyo de otras organizaciones como Front Line Defenders, La Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura y numerosos activistas es que se ordenó la reposición del proceso, en cuya primera audiencia, realizada este sábado durante más de diez horas, la Fiscalía mexiquense se desistió de la acción penal.

Se espera que tres de los defensores, entre ellos la única mujer del grupo, Dominga González, queden en libertad este mismo domingo y los otros tres la siguiente semana, después de estar 16 y 13 años en prisión, respectivamente.

Antonio Lara, presidente del Centro Zeferino Ladrillero, indicó que el juzgado primero debe notificar de manera oficial que el proceso penal “ha quedado sin efectos”, por lo que los seis defensores del agua deberán obtener su libertad. Se espera que sea este domingo alrededor de las tres de la tarde cuando el juzgado emita la notificación.