Ciudad de México. Tan sólo en el último año del sexenio pasado, las pérdidas económicas para la dotación de agua potable a la población, ligadas a irregularidades o actos de corrupción, se estiman entre 7 mil 300 millones y 10 mil 400 millones de pesos, de acuerdo al estudio Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México.

Elaborado por la Red del Agua UNAM, y el Centro Regional de Seguridad Hídrica -instancia bajo auspicio de la Unesco-, el trabajo de investigación señaló que entre 21 y 30 por ciento del presupuesto para este subsector, destinado al final de la administración federal pasada, se malversó y no llegó a su destino. “La corrupción en este ámbito es sistemática”, concluyó.

Además, reportó que 22 por ciento de la población muestreada ha dado u ofrecido sobornos; sólo tres de cada 10 personas han denunciado algún acto de corrupción; y 59 por ciento de los consultados está inconforme con el servicio de agua.

Incluso, indicó que el valor promedio de la ‘mordida’ ciudadana asciende a 200 pesos, y se destina a recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo de pago, y hasta por una o varias conexiones para contar con el líquido.

El estudio fue presentado por el investigador Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM, en el Coloquio Agua para una ciudad sostenible, convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), y en el cual se advirtió que en México, el deterioro en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ha sido producto de la corrupción.

En el evento, realizado en el Museo de las Constituciones, en el Centro Histórico, Arriaga Medina dijo que aunque los 200 pesos aparenta ser una cantidad modesta, es demasiado para personas que viven en sitios marginados del país, y son éstas las que resienten en mayor proporción el deterioro en la calidad del servicio.

Sobre los actos de corrupción detectados, el especialista en tecnología ambiental declaró que “hubo colusión entre servidores públicos y contratistas, e irregularidades en los procesos de planeación, selección y aprobación de proyectos, debido a la falta de capacidad institucional y de cumplimiento de las leyes, así como por salarios poco competitivos de trabajadores del subsector y falta de información pública”.

Propuso el mejoramiento de recursos humanos, funcionarios con servicio profesional de carrera, el diseño de un marco jurídico de cumplimiento claro, sensibilización de la ciudadanía y un nuevo diseño de integridad, rendición de cuentas y con mayor participación.

De acuerdo a un comunicado de la UNAM, en el estudio se integró un análisis del sistema de gobernanza, se revisaron 17 instrumentos internacionales sobre corrupción y se recabaron opiniones autorizadas de múltiples expertos de los sectores académico, gubernamental y de la sociedad civil, con más de cinco años en una posición directiva.