Villahermosa, Tabasco.- La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las descargas de aguas negras hacia el río Usumacinta pone en evidencia "el gravísimo problema" que enfrenta Tabasco en materia ecológica, en donde el mantenimiento y construcción de las plantas de tratamiento se ha mantenido en el "olvido institucional".

Hugo Ireta Guzmán, activista de la Asociación Ecológica Santo Tomás, abundó en que ni siquiera hay información suficiente para determinar el estado que guardan las plantas de tratamiento en la entidad.

Mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene registro de 91 plantas -de las que al menos la mitad presenta deficiencias y 15 simplemente se encuentran "fuera de operación"-, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) sólo cuenta con 52 plantas, aunque sólo ha emitido reportes de 33.

No sólo eso, en el caso de Jonuta, que es el municipio en el que la CNDH solicita la construcción de una planta de tratamiento - pues acreditó que no hay ninguna- mientras que la Conagua a través de la respuesta a una solicitud de información a Santo Tomás, señala que hay una, el CEAS informó que hay 3 en operación.

Sin embargo el organismo autónomo fue claro al solicitar a la Conagua, el gobierno del estado y el municipio la construcción de una planta para el manejo de las aguas del drenaje; además solicitó emprender acciones para reparar el daño ambiental por las omisiones de los funcionarios.

"El problema es que hasta ahora algunas organizaciones se dan cuenta que algo está pasando, cuando hace por lo menos 10 años que debió haberse puesto en cumplimiento la norma oficial Semarnat-96 que determina que por cada 50 mil habitantes debe existir por lo menos 1 planta de tratamiento", señaló.

Destacó que los organismos operadores no han cumplido la normatividad oficial desde el año 2000, pues pese a lo dispuesto en las leyes se ha dejado de lado la inversión destinada a limpieza de ríos y lagunas, así como el tratamiento de residuos peligrosos para el medio ambiente y el agua.

"Desde el 2003 hemos venido señalando que las plantas de tratamiento son urgentes en la entidad. No hay un orden, los asentamientos humanos irregulares, los fraccionamientos y las empresas continúan descargando sus aguas negras en los ríos sin que ninguna autoridad asuma su responsabilidad", expresó.

No sólo eso, ni el órgano federal ni el estatal tiene un reporte exacto no ya del número de plantas, sino de las deficiencias de cada una, así como de las que aún hacen falta por construir, pues la población continúa en aumento.

Para el activista, no sólo el río Usumacinta mantiene problemas, sino que afluentes como el Grijalva y el Carrizal representan un peligro para la salud "la CNDH vela por los derechos humanos, y es claro que la gente también tiene que exigir a sus autoridades el cumplimiento de la ley, de lo contrario en unos años nos vamos a quedar sin aguas limpias", puntualizó.